RD$1,707,532,966.00 va a terminar recibiendo el Poder Legislativo más que el Poder Judicial, de conformidad a la Ley de Presupuesto para este año. Por lo hasta ahora propuesto de manera oficial para el próximo, la variación de esa diferencia parece que no será significativa. Si vemos las funciones que desempeñan uno y otro poder, es difícil justificar esa disparidad en términos prácticos, pero ello no ha impedido que ese absurdo en la distribución del ingreso del Estado persista.

Solo la Cámara de Diputados con sus 182 miembros ocupando la mitad de un edificio en el Centro de los Héroes, le cuesta más al país que sus 697 jueces distribuidos a lo largo de todo el territorio en diversos edificios, casas, casuchas o apartamentitos de segundo piso. Los 32 senadores por su parte, al otro lado del edificio, consumen cerca de la mitad de lo que lo hace todo el Poder Judicial.

Actualmente nuestra justicia emplea a 5,466 personas, sin incluir a los jueces, mientras que por su lado el congreso hace lo suyo con la impresionante cantidad de 2,496 empleados. Y mientras cada empleado judicial (juez incluido) le cuesta al Estado RD$545,546.67 al año o unos RD$45,462.23 mensuales, el legislativo (legisladores incluidos) cuesta RD$1,870,751.69 por año o unos RD$155,895.97 mensuales. Sin que para lo anterior olvidemos que la justicia se imparte a lo largo y ancho del territorio, y las labores legislativas en un solo edificio.

En República Dominicana por cada peso que se le da al Legislativo, $0.66 van al Poder Judicial. En contraste la cifra es $3.80 en Chile, $5.80 en Costa Rica, $4 en México, $4.05 en Colombia y $10.18 en el Salvador. Solo para equipararse a la distribución más baja de esta lista habría que desembolsar unos $19,000 millones de pesos o cerca del 4.4% del Presupuesto, que es consistente con la suma promedio de lo que entregan los países del listado a su Justicia. Esto es una cifra más de 3 veces mayor de la modesta suma de $6,000 millones solicitados por el Consejo del Poder Judicial para este año, y 5 veces más que la hasta ahora pautada.

La única forma que se podría explicar esta extraña y original distribución de las recaudaciones es que se está asignando una suma muy reducida a la Justicia, el Congreso nos resulta un ente sumamente caro, o ambas. Yo personalmente tiendo a inclinarme a que es un poco de ambas.

Lamentablemente no solo los recursos actualmente son muy limitados, sino que tengo mis serias reservas sobre la voluntad política no solo en el Ejecutivo, sino especialmente en el Legislativo, para corregir esta extraña disparidad.

No olvidemos que una justicia adecuadamente financiada sería capaz de mejorar las condiciones de sus plantas físicas, modernizar su manejo y organización interna, acoger mayor cantidad de jueces y servidores judiciales e invertir más en su capacitación. La justicia dominicana podría hacer frente a su perenne talón de Aquiles pudiendo ser ágil y más eficiente. Con ello no solo se contribuiría a la seguridad ciudadana de la que tanto se habla, sino a fortalecer la seguridad jurídica que tanto carecemos.