Es verdad que el presidente de la República carece de autoridad para enviar a prisión a “quien se robe dinero del pueblo”, porque esa calidad corresponde a un juez o corte penal y al Ministerio Público, pero es obvio que el mandatario ha advertido que serán traducidos a la justicia quienes incurran en ese tipo de delito.

A lo que debe aspirarse es a que lo dicho por el Presidente, con las formalidades de ley, se cumpla al pie de la letra contra los que clonaron más de 30 mil tarjetas del programa Supérate por un valor superior a los cien millones de pesos destinados a subsidiar a familias en condiciones de vulnerabilidad.

El fraude o robo agravado constituye una infracción que conlleva pena de prisión de hasta 20 años, pero estafar o robarle a gente que sufre pobreza extrema es un crimen absolutamente imperdonable que merece castigo ejemplar, más aun cuando lo robado es dinero público.

El Presidente no ha dicho nada malo al señalar que caerá preso todo el que haya robado fondos de la Seguridad Social, porque así debe ser, sin importar si entre los implicados figuren empleados del Gobierno, colmaderos o clonadores de tarjetas.

La ostentación de dinero y bienes constituye en el perfil que identifica a implicados en expedientes de narcotráfico, lavado de dinero y crímenes cibernéticos, a quienes se acusa de lavar millones de dólares mediante la adquisición de suntuosas propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama.

Justicia ni sociedad pueden tolerar que el crimen organizado exhiba impunemente sus riquezas mal habidas a través de las redes sociales en intento por convencer a la juventud de que ese es el camino más expedito hacia el éxito material.

Imputados por el Ministerio Público se dedicaban a extorsionar y estafar a personas envejecientes, otros a lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, además de los gusanos sociales que robaron más de cien millones de pesos destinados a aliviar penurias de familias vulnerables.

Lo que dijo el presidente Abinader, de que caerá preso todo el que robe dinero público, está bien dicho, y mejor todavía si todo el que incurra en prevaricación, narcotráfico, lavado de dinero, crímenes cibernéticos o cualquier otro delito conexo sea juzgado y condenado, sin importar nombre ni apellido.