La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió, por alegadas irregularidades, el contrato otorgado por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam, S.R.L., por RD$1,317 millones, para la mejora del centro de control de tráfico y de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El órgano regulador acogió un conjunto de denuncias sobre el proceso de licitación, entre las que se citan que la compañía ganadora fue constituida solo siete meses antes de lograr la adjudicación del contrato, además de que el 90 % de las acciones de esas empresas fueron traspasadas a un exsupervisor del Intrant.

Contrataciones Públicas suspendió esa adjudicación como medida cautelar hasta tanto se decida el recurso jerárquico presentado por una razón social que participó en el proceso de licitación, así como tres investigaciones solicitadas por otras personas físicas y jurídicas.

La propia entidad oficial verificó también que pese a que Transcore Latam alegó tener 19 años de experiencia en contratos de la naturaleza y magnitud del adjudicado por el Intrant, su registro mercantil acredita que fue constituida el año pasado, además de que la oferta técnica fue presentada en inglés sin las debidas traducciones.

La situación legal o jurídica de esa licitación presenta serias complicaciones que se agravan porque la empresa adjudicataria habría iniciado los trabajos de cambios de semáforos y equipamiento del centro de control de tránsito, lo que supone que el Intrant habría canalizado avance de dinero.

Al Intrant le corresponde explicar si tenían conocimiento de que un día después de publicada la licitación, el 21 de febrero de 2023, el 90 % de las acciones de la empresa que resultó ganadora fueron traspasadas a un exfuncionario de esa agencia oficial, como denuncian competidores.

Se subraya que la suspensión de la ejecución de ese contrato por RD$1,317 millones tiene efecto provisional y cautelar ante la posibilidad de “un daño irreversible y hasta tanto se determine si esas irregularidades tienen mérito o no”.

Sin albergar ningún tipo de prejuicio, lo saludable sería que instancias administrativas y jurídicas ausculten todo lo relacionado con ese proceso de licitación que resultó en la adjudicación de un megacontrato a una empresa hoy sometida a cuestionamientos muy severos, que obligan a encender la señal roja del semáforo de la transparencia.