La actitud con que el Gobierno ha asumido críticas tan insensatas por el alza de precio de los alimentos es suficiente para catalogarlo de distinto. No de indiferente, sino de comedido. Con un petróleo a 90 dólares el barril, el más alto en muchos años, unas materias primas y productos importados por las nubes ¿qué puede hacer el presidente Luis Abinader para que las mercancías tengan un precio asequible? Más subsidios. Ya dispuso de 600 millones para no aumentar los combustibles. Eliminar impuestos conlleva un incremento del pesado endeudamiento.

Antes que involucrarse en discusiones, el mandatario se ha empeñado en soluciones para mejorar las condiciones de vida de la población. Rehusando incluso a normas del ejercicio del poder, como la de exaltar sus méritos y denunciar las anomalías de sus antecesores, se ha concentrado en reformas para consolidar el sistema institucional.

Es lo que se advierte en la convocatoria al diálogo a través del Consejo Económico y Social para independizar el Ministerio Público y modificar el Consejo Nacional de la Magistratura. No se cacarean, pero bajo la actual gestión se han desterrado muchas lacras de la administración pública y los recursos son utilizados con mayor transparencia sobre la base de prioridades.

En Estados Unidos, que es nuestro gran referente, la inflación ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 40 años, en tanto los organismos internacionales concuerdan en que los precios de la comida se han disparado a nivel global, debido a interrupciones en la cadena de suministro, las secuelas de la pandemia sanitaria y alto costo de la energía y el transporte.

¿Qué puede hacer el Gobierno dominicano frente a un problema cuya solución no está en sus manos? Puede alegar que aquí no ha habido escasez de productos nacionales e importados y que existe una gran abundancia y a precios por el suelo de alimentos como los vegetales, pero prefiere callar.

Desde el Gobierno del profesor Juan Bosch no se había visto una gestión tan decidida a combatir la corrupción y a rescatar y fortalecer el régimen institucional. El PRM tiene muchos dirigentes competentes y responsables, pero Abinader ha preferido poner en manos de apartidistas, algunos de los cuales heredados de pasadas administraciones, entes como la JCE, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Cámara de Cuentas.

Pero también poner en manos de la sociedad civil entidades tan fundamentales para la transparencia y la lucha contra la corrupción como la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Abinader juega limpio, pese al interés de sectores en exacerbar la inconformidad de la población con los altos precios para pescar en río revuelto.