Guatemala, (EFE).- La calificadora de riesgo Moody’s dijo este miércoles que la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) representa un “significativo retroceso para el país” e impactará negativamente en la economía.

En un comunicado de prensa, la calificadora criticó la decisión del Gobierno, debido a que Guatemala “había despertado esfuerzos para mejorar el imperio de la ley en un país con muy altos niveles de corrupción».

Recordó que fue el propio país el que solicitó la CICIG a Naciones Unidas en 2006 para combatir la alta impunidad de los crímenes en el país, pero en los últimos tres años había investigado a los oficiales de alto nivel del Gobierno y otras personas cercanas al presidente guatemalteco, Jimmy Morales.

Reconoció que la CICIG consiguió ayudar a un país que vivía una transición a la paz tras el fin del conflicto armado que se vivió en el país entre 1960 y 1996, que dejó mas de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

La Comisión, aseguró Moody’s, tuvo éxito en terminar con redes criminales y en presionar en casos de alto perfil de corrupción, como en el que se encuentra involucrado el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), por defraudación aduanera.

Indicó que a pesar de que el presidente Morales tuvo acercamiento con la labor de la CICIG en su primer año de mandato, las relaciones en los últimos dos años entre el Gobierno y la entidad de Naciones se “deterioraron rápidamente».

“Morales, quien sucedió a Pérez Molina, ha forzado las relaciones con la CICIG desde que llegó a la oficina en enero de 2016. Luego de una campaña con una plataforma anticorrupción, Morales y su familia enfrentaron alegatos de corrupción tan pronto asumió la presidencia, así como varios miembros del Congreso fueron investigados bajo cargos de corrupción”, indicó la calificadora.

Moody’s reconoció la labor de la Corte de Constitucionalidad, la cual en septiembre de 2017 denegó la expulsión del país del jefe de la Comisión, Iván Velásquez, y ha defendido la legalidad del acuerdo de establecimiento de la CICIG, validado por el Congreso guatemalteco en agosto de 2007.

Aseguró que pese a que la CICIG consiguió un “progreso significativo” al enfrentar a la corrupción, ésta permanece arraigada en el país ante una institucionalidad “frágil».

Subrayó que el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2017, Guatemala se encontraba en el sitio 143 de 180 países.

“La salida anticipada de la CICIG representa un significativo retroceso para el país, debilitando los esfuerzos por fortalecer a las instituciones y mejorar el imperio de la ley”, concluyó la calificadora estadounidense.