Es vergonzoso para el país que otro ex Presidente de la República vea su persona involucrada de manera irresponsable a supuestos vínculos con el narcotráfico. Girar alrededor del chisme mediático no fue útil para nadie cuando las acusaciones sea realizaban contra Hipólito Mejía, y tampoco lo será hacerlo contra Leonel Fernández; pero la actual circunstancia pudiera resultar provechosa para todos los políticos de todas las denominaciones si se aprovecha este contexto para alejarles de este tipo de situaciones en el futuro. Si bien el Congreso no parece tener la voluntad de enfrentar el uso de dinero proveniente de actividades ilícitas en el financiamiento de campañas políticas a través de una Ley de Partidos Políticos que lo exija, nada impide a los actuales pre-candidatos y futuros candidatos a puestos públicos para el 2016 asuman un compromiso de transparencia respecto de los fondos que reciban en sus campañas. Un pacto político para la prevención del lavado de activos en las campañas presidenciales y legislativas del 2016 pudiera ser un primer paso en una dirección correcta.

Si el aluvión de noticias locales hablando de narcotráfico y crimen organizado en nuestro país no sirve de suficiente aviso, bastaría abrir un mapamundi como para saber que la República Dominicana es un puente natural para el narcotráfico y el lavado de activos proveniente de esa actividad entre Sur y Norte América. Raya en lo absurdo que a la fecha nuestra frágil democracia y sus instituciones permanezcan desprotegidas y sin mecanismos de evitar que ese flagelo les penetre, no solo en perjuicio de los votantes que pudieran ser manipulados por dinero ilícito sino de los mismos partidos políticos que al final son los que resultan más beneficiados de la actividad política.

Una Ley de Partidos Políticos pudiera ser el instrumento ideal para introducir las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos en las campañas y en la actividad política en general, pero ni los actuales proyectos tendentes a crear una ley de ese tipo tienen mecanismos creíbles de control, ni el actual Congreso luce interesado en conocer una ley en ese sentido, es por ello que, al menos para el 2016, la iniciativa debería surgir de los candidatos.

Si bien los mecanismos de prevención de lavado en la República Dominicana a disposición de entidades y ciudadanos son pírricos, con excepción del de las entidades de intermediación financiera, nada impide a los partidos políticos de auxiliarse de los controles que ya tiene el sistema financiero para el lavado de activo efectivamente bancarizando toda su estructura de donaciones. Adicionalmente, no existen limitantes tecnológicas o logísticas que razonablemente impidan a los candidatos a cargos públicos a mantener un registro público de las donaciones que reciben y los gastos en que incurren, a los fines de contribuir con la transparencia de los procesos electorales, y eludir el lavado de activos a través de contribuciones en especie.

La prevención del lavado de activos no es física nuclear, y las normas y buenas prácticas para ello son harto conocidas. Prevenir el lavado a través de nuestras campañas políticas en un 100% va a ser imposible, pero es razonable esperar que el electorado estaría más que dispuesto a premiar a aquellos políticos que al menos muestren el esfuerzo de hacerlo.