Negar los servicios médicos a mujeres en parto, sin importar su estado migratorio, además de ser un acto cruel e inhumano es atentar contra los derechos humanos de esas mujeres. Alrededor de un 8% de la población en el país ( ENI-17) es haitiana o descendientes de haitianos y es injusto que se le suspendan los servicios independientemente del tiempo que tienen residiendo en el país.

Poner en peligro la vida de la madre y de un niño por nacer es uno de los temas que están hoy en el tapete, por lo que los grupos PROVIDA y las iglesias dominicanas deberían considerar los aspectos humanitarios del mismo.

En la Jornada Mundial del Migrante, el Papa Francisco vuelve a invitar a toda la humanidad -no sólo a los creyentes- a tender la mano a estas personas que sufren: “Migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de la trata y abandonados.

Es exageración decir que el 70% de los partos en los hospitales públicos corresponden a nacionales haitianas como también es dudoso que se inviertan 10 mil millones de pesos en la atención de estas parturientas. Si el ministro refiere que son 100 partos diariamente, equivale a 36 mil partos anuales. 275 mil pesos por cada parto es casi 10 veces más de lo que cuesta en promedio un parto normal.

De acuerdo a las encuestas ENI-12 la mayoría de los inmigrantes son hombres jóvenes saludables que hacen poco uso de los servicios de salud. Son sus mujeres quienes mayormente acuden y al negarles los servicios de consulta, van a regresar por emergencias con mayores complicaciones.

Las autoridades deben fortalecer los servicios de ingreso en la frontera, pero no negar los servicios médicos a ninguna persona dentro del territorio nacional. Insistir con la comunidad internacional para que junto al gobierno dominicano y el haitiano inviertan en el fortalecimiento de los servicios ginecológicos en tres centros de atención en las comunidades fronterizas.

Estos futuros centros, serán administrados temporalmente por ONG binacionales que ofrecen servicios a población migrante; que se cobre por los servicios, aun con una cuota simbólica. Las autoridades de Haití y dominicana deben abocarse seriamente en la búsqueda de soluciones sostenibles y de una respuesta a esta crisis en su dimensión humanitaria, de seguridad y de desarrollo.

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