Imagínese una empresa. Una empleada, delante del Gerente, le dice a otra, “Usted es una corrupta, estafa a la Compañía en las compras de materias primas”. ¿Podría suponerse que esa entidad dejaría las cosas así porque se le ofrezca una disculpa a quien fue señalada de esa manera? Lo más probable es que sus directivos se interesen en conocer la verdad de los hechos para tomar las medidas correspondientes, preservando la integridad de su institución.

La Magistrada Margarita Cristo ha propuesto retirar la querella que ha incoado contra la Fiscal del Distrito Nacional si la segunda le pide excusas. De esa forma, Colorín colorado, ese cuento habría acabado. Una solución bastante alejada de la institucionalidad y, sobre todo, del sistema para el cual trabajan, el cual, aun incluyendo la conciliación como uno de sus mecanismos de solución de conflictos, jamás puede implicar una eximente de responsabilidad en caso de comisión de un ilícito penal.

Las actuaciones previas que ahora sabemos agotó la representante del Ministerio Público para avalar su objeción a la Magistrada, demuestran que los argumentos a partir de los cuales la recusó, no surgieron en el tribunal al calor de los debates, sino que eran el resultado de un convencimiento bien establecido. Esa circunstancia descarta una actuación emocional, la cual sí podría justificar que todo sea subsanado sobre la base de un desagravio ante una actitud irreflexiva.

Podría comprenderse la decisión asumida por la Magistrada, pero no es posible desdeñar los riesgos que implica, por dejar la sensación de que se impuso una solución de esa naturaleza para evitar dilucidar temas con potencial de dañar al sistema más que a las protagonistas enfrentadas.

Para la Fiscal, aceptar disculparse implicaría consecuencias nefastas desde cualquier perspectiva. Quedaría, admitiendo que actuó de forma infundada, como una persona inmadura y, por ello, incapacitada para el ejercicio de sus delicadas funciones.

Si las excusas se ofrecen bajo el argumento de no asestarle daños al aparato judicial y a su imagen, entonces quedaría como apañadora de inconductas, lo cual la despojaría para siempre de autoridad para involucrarse en investigaciones que afecten al patrimonio público, condición imprescindible para no ser poco más que un simple objeto decorativo que solo se activa con eficiencia en casos de precaria importancia.

Por eso, insistimos, ellas y sus superiores deben propiciar que esto sea llevado hasta el final, y que ambas asuman, con responsabilidad, las consecuencias de sus actos.