La directora de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso, dio seguridades ayer de que será procesado todo el que tenga responsabilidad penal en el caso Antipulpo, pero declinó referirse a la denuncia del Partido de la Liberación (PLD), de que el Gobierno usa a esa dependencia para desacreditar al expresidente Danilo Medina.

Al señalamiento de la dirección peledeísta, de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incurrió en mención tendenciosa e irresponsable del exmandatario en ese expediente, la magistrada Reynoso respondió que “las cuestiones políticas la respondan los políticos”.

La Pepca menciona en el escrito acusatorio el nombre de Medina por supuestamente permitir que hermanos y allegados se escudaran tras su poder de jefe de Estado para enriquecerse con el erario a través de un entramado fraudulento, lo que el PLD atribuye a una intención del Gobierno de desacreditarlo.

Aunque la procuradora adjunta afirma que el Ministerio Público “no entra en discusiones políticas”, al definir como cliché político la denuncia del PLD y afirmar que no se excluiría “absolutamente a nadie” de las investigaciones sobre el caso Antipulpo, tal parece que la mecha de la discusión seguirá encendida.

Como sustento de su denuncia, el PLD apeló a la máxima jurídica de que “nadie puede ser penalmente responsable de los actos que se imputen a otros”, pero la magistrada Reynoso advierte que “todo el que tenga responsabilidad penal será objeto de un proceso penal y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie”.

El Gobierno no se ha dado por aludido ante la acusación de que utiliza al Ministerio Público para desacreditar al expresidente Medina y al PLD, pero aun así ese escarceo sólo puede diluirse si las partes evitan politizar la justicia o judicializar la política.

Lo aconsejable sería que en sus escritos acusatorios, el Ministerio Público omita juicios de valor que pueden ser interpretados como perjudiciales a la buena fama de cualquier ciudadano que no ha sido encartado en ningún expediente relacionado con prevaricación, corrupción, cohecho u otro ilícito penal.

Gobierno, partidos políticos y sociedad están compelidos a respaldar al Ministerio Público en su cruzada contra la corrupción, aunque obviamente los fiscales tienen que actuar con eficiencia, independencia, respeto al debido proceso y a los derechos de los encartados, merecer la confianza de la población.