La aspirante a Defensora del Pueblo, doctora Mayra Guzmán, propuso que el país, como han hecho otras 15 naciones de América Latina y Europa, se acoja a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece “el derecho a consulta previa” a las poblaciones donde se realicen explotaciones mineras.

Deploró que la actual Ley de Minas que data de los años 70 establezca prácticamente que “no haya posibilidad de que la población afectada pueda resistirse” y tiene que aceptar lo que le impongan según este texto que rige la explotación minera en el país.

Citó el caso específico de San Juan de la Maguana donde hace tres años la población realizó protestas en defensa del agua, ya que según se alegaba, los ríos que les abastecen del vital líquido serían contaminados por la explotación de una mina de oro que fue concesionada para su explotación en la Loma El Romero de dicha provincia.

“Ahí no hubo una consulta, pero sí hubo una convocatoria del pueblo a rechazar esta explotación minera sobre todo por el daño ambiental”, expresó.

En tal sentido, Guzmán planteó la necesidad de acudir a la Convención 169 de la OIT.