El director y la subdirectora del Consejo Nacional del VIH y el Sida (Conavihsida) detallaron las razones éticas y jurídicas que les motivan para, a nombre de la institución oficial, solicitar al poder legislativo la despenalización del aborto por correr peligro la vida de la madre, por violación sexual e incesto y por malformación grave del feto.

Víctor Terrero y Liliam Fondeur, ambos ginecólogos, entienden que el país debe evolucionar hacia una ley especial sobre derechos sexuales y reproductivos, conciliada con la Constitución y el respeto a las reglamentaciones de derecho internacional.

«En la rémora que encierra el articulado 37 de la Constitución dominicana, apelamos a su sano juicio, buena fe y bondad humana que deben caracterizar y regir las decisiones e interpretaciones de las/os que legislan en favor de todas/os. Pudiéndose lograr esto, con el discernimiento realista de que los idearios, creencias individuales colindan irremediablemente con el grueso de la población (a la cual se le sacrifica casi medalaganariamente)», dicen en sus reflexiones.

Terrero y Fondeur invocaron a los diputados su sentido de misericordia y compasión por las personas endebles, desprovistas de lo básico, para que tengan el entendimiento de crear una legislación especial sobre el aborto a fin de que sea permitido en los cuatro casos indicados.

También hacia sus congéneres conscientes y racionales que sólo desean vivir en paz ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes (como por ejemplo las/os heroínas y héroes, de cada día, en el área de la medicina dominicana).

Dicen que esa ley puede ser una herramienta para abordar la problemática asociada a la interrupción del embarazo en forma integral y desde una perspectiva de derechos humanos.

Ambos advierten que el aumento de las penas de cárcel y multa para las mujeres que, en cualquier circunstancias, interrumpan el embarazo contraviene el espíritu de la Constitución de la República y violenta los derechos de las mujeres, además de dar la espalda a todos los convenios sobre la materia suscritos por el Estado dominicano para garantizar el derecho a la vida, a la salud y la integridad de la mujer.