Se ha dicho que de buenas intenciones está repleto el camino al infierno, por lo que sería prudente que al extender manos solidarias el Gobierno garantice que el bien que se provee no cause privilegios ni perjuicios, máxime si trata de dinero de ahorrantes y depositantes de un banco estatal.

No se niega validez al propósito del presidente Luis Abinader de autorizar crédito por dos mil millones de pesos para fortalecer al sector salud privado, que lo define como de gran relevancia social y económica, pero las condiciones de esa asistencia son irritantes.

Lo que entraña un privilegio inexplicable ha sido que esos recursos provendrían de una institución oficial de intermediación financiera cuya cartera de préstamo no representa un porcentaje significativo en la banca nacional y que brega por superar la línea de equilibrio en utilidades o rentabilidad.

Esos créditos, dirigidos a clínicas y centros médicos privados de tercer nivel, laboratorios, producción farmacéutica nacional y de exportación y proyectos de turismo de salud, serían colocados por Bandex a tasas de 5.5 % en dólares y 6.5 en pesos, “con plazos de hasta 20 años y periodos de gracia especial”.

Esa concesión crediticia con tasas privilegiadas se otorga días después que el Banco Central anunciara el incremento de su tasa de interés de referencia de 5.0 % a 5.50, lo que significa un encarecimiento del dinero ofertado por la banca.
El sector de salud privado tendría una posición altamente privilegiada frente a la industria, comercio, construcción, turismo y emprendimientos tecnológicos, todos los cuales tendrían que agenciar préstamos bancarios cercanos al 15 %, sin incluir los gastos de cierre.

Sin negar el derecho del sector salud privado a recibir el aliciente del Gobierno en planes de extensión inmobiliaria y adquisición de equipos, no parece justo que se presione la cartera de préstamo de un banco estatal aun en etapa de consolidación, como el Bandex, para empeñar sus activos productivos en aventuras crediticias tintadas de privilegio.

Buenas intenciones presidenciales deberían dirigirse al relanzamiento del Sistema de Seguridad Social, reconstrucción y reequipamiento de hospitales públicos, la mayoría convertidos en ruinas, en tanto que empresas “de gran relevancia social y económica” pueden gestionar recursos en la banca convencional.