Orlando Gómez
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Hace unas semanas la candidata presidencial de Opción Democrática, Virginia Antares, explicó una propuesta que se encuentra en su programa de gobierno donde sugiere que en nuestro país implementemos un salario mínimo regional. La idea me gustó y por eso quiero profundizar un poco sobre ella, con la esperanza de que esta sea considerada por todos los candidatos presidenciales y sea parte de la conversación en el diálogo para la reforma del Código de Trabajo.
La lógica detrás de un salario mínimo regional es que el costo de la vida no es el mismo en todo el territorio nacional, y por ende, tomar como referencia el costo de la vida en los centros urbanos más poblados para fijar un salario mínimo en todo el territorio, encarece el costo de los empleos en el interior y por ende se incentiva la creación de empresas y puestos de trabajo en las ciudades más grande en detrimento de los pueblos, contribuyendo al círculo vicioso bien conocido de la migración interna hacia la ciudad.
El sistema actual fija los salarios mínimos por sector económico y por el tamaño de las empresas, partiendo de una presunción errada de que el tamaño es una forma adecuada de determinar la capacidad de pagar mejores salarios, cuando objetivamente esto no es cierto, e ignora el espacio donde vive y gasta el empleado. En cambio, el salario mínimo regional reconoce la realidad de la paridad de poder adquisitivo, admite que un salario mínimo nominal para todo el país crea desventajas competitivas a los mercados laborales de las regiones menos favorecidas y, como mínimo, busca equiparar el costo laboral en todo el territorio.
Dicho lo anterior, hay múltiples retos en la implementación de un salario mínimo regional que deben ser considerados. Cerca de la mitad de la población cobra el salario mínimo como su sueldo, y su ajuste representa el aumento directo de su salario, esto tendría repercusiones políticas y sociales en el momento que el Estado se encuentre en la posición de tener que explicar por qué trabajadores en unas regiones reciben más dinero que otras regiones.
Adicionalmente, la mayoría de los países que hoy en día mantienen algo comparable a un salario mínimo regional tienden a ser países grandes con sistemas más federalizados tales como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Brasil. Es cuesta arriba inferir que los resultados de los estudios económicos sobre los salarios mínimos regionales en esos países puedan ser replicados en la República Dominicana.
Pero la realidad es que hay dos problemas esenciales. El primero es que cerca de la mitad de la población trabaja por el salario mínimo, un salario que no debería reflejar la productividad de esa proporción. El segundo es que consideramos al salario mínimo como un garante de la canasta familiar básica.
Ambas situaciones están mal. Y es por ello que tiendo a favorecer el aire fresco que introduce el salario mínimo regional en la conversación, porque en cierto modo empieza a transparentar ciertas realidades que no suelen ser tan visibles con el estado de la situación actual, y si algo desesperadamente necesita el mercado laboral dominicano es un poco más de transparencia y el salario mínimo regional es un paso en la dirección correcta.
