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Orlando Gomez

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Continuando con la pregunta “¿Qué necesita la República Dominicana de Haití?” es claro que una de las muchas cosas que vamos a necesitar es que nuestro vecino ejecute amplias reformas en toda estructura jurídica con el objetivo de hacerles más similar a la nuestra, empezando por su Constitución y para ellos debemos involucrarnos, detrás de las cortinas, en el eventual proceso electoral en Haití para asegurarnos que sean electos los candidatos que favorezcan esas reformas con las mayorías suficientes para poder impulsarlas.

La reforma a la Constitución de Haití será particularmente retadora. Necesitamos que Haití mantenga un sistema que nos resulte familiar tanto para entenderlo como para poder ejercer las influencias necesarias.

Es por esto que debemos discretamente impulsar un sistema presidencialista, eliminando la figura del Primer Ministro, manteniendo un Congreso bicameral y calcando nuestro modelo frente a las Altas Cortes.

Esto supone hacer cambios profundos en posiciones y figuras que tienen cierta tradición en la estructura institucional de Haití, por lo que no debería sorprender que encontremos cierta resistencia.

Eso dicho, estos cambios son esenciales para poder simplificar, frente a nosotros, la comunicación y tener claridad del alcance de los poderes y el rol de nuestros distintos interlocutores institucionales dentro de Haití, esto nos permitiría replicar modelos conocidos y exitosos en nuestro país con mayor celeridad para nuestro vecino.

Más aún, será de vital importancia reformar los aspectos de la Constitución de Haití que versan sobre el derecho de propiedad, especialmente la propiedad inmobiliaria, la economía, la supervisión bancaria y el rol del Banco Central, aplicándose un modelo más similar al que ya tenemos aquí en República Dominicana y que no limite la capacidad de los dominicanos a participar dentro de la economía haitiana.

Esto implica la creación de una Junta Monetaria, la implementación de un principio de igualdad de tratamiento a la inversiones privadas respecto de las públicas, y el establecimiento de un régimen de la moneda similar al dominicano.

En adición a lo anterior debemos propugnar por la incorporación de derechos de tercera y cuarta generación en la Constitución de Haití incluyendo, pero no limitado a, el habeas data, derechos del consumidor, a la identidad digital, entre otros.  

La reforma constitucional de Haití sería apenas el primer paso para las múltiples reformas que vamos a necesitar en las leyes de nuestro vecino como el régimen legal sobre la propiedad inmobiliaria, el registro de garantías mobiliarias, la regulación del sistema monetario y financiero, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, así como el régimen de compras y contrataciones del Estado, la regulación de la prevención del lavado de activos, entre muchas otras normativas que debemos favorecer sean moldeadas conforme al modelo dominicano, no solo para poder asistir en una implementación acelerada, sino para que reduzca los costos de adaptación para el sector público y privado en su eventual participación en el desarrollo de Haití.