(116)
Recientemente el Ministerio de Educación hizo público su “Evaluación Diagnóstica 2022” mostrando resultados alarmantemente malos en las distintas materias evaluadas en los alumnos de 3ro y 6to de primaria, así como los de 3ero de secundaria.

Según reveló el Ministerio, estos resultados son consistentes con lo experimentado cada año desde el 2017, por lo que no parece necesariamente atado a potenciales lagunas derivadas de la pandemia. Lo que ocurre en la educación en la República Dominicana es una verdadera calamidad, al punto que entiendo que debemos genuinamente considerar una declaratoria de estado de emergencia para la educación.

Declarar un estado de emergencia lo primero que logra es darle el carácter que amerita la situación de la educación en nuestro país. Según la evaluación realizada por el Ministerio de Educación de 6,280 estudiantes de 6to de primaria evaluados, en la materia de Matemáticas solo pasaron el 0.7%, lo que ilustra la gravedad de lo que estamos enfrentando acá en todos los niveles. Esto refleja muy mal en todo el sistema educativo especialmente en los profesores y directores de planteles.

Lee también: Propuestas

En segunda instancia, la declaratoria de estado de emergencia le permitiría al Poder Ejecutivo suspender los efectos legales de las normas que rigen el sector tanto en la relación laboral entre el Estado y el personal docente, la evaluación por competencias de los maestros, la designación de los directores de planteles, así como otros procesos que históricamente han probado ser obstáculos para exigir mayor calidad en la educación.

Más aún, esa declaratoria le permitiría al Estado suspender las actividades de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), incluyendo su capacidad de convocar a sus miembros, realizar paros y, en general, a operar de cualquier forma significativa como gremio.

La ADP ha probado ser uno de los mayores obstáculos para lograr las reformas más necesarias del sector, suspender temporalmente su capacidad de operar como gremio, mientras perdure la emergencia, despejaría el camino para que el Estado proceda para atender la grave situación en el que está sumado el sector.

De partida soy el primero en reconocer que implementar una medida de esta naturaleza va a suponer retos legales y constitucionales importantes, en especial por ser algo sin precedentes en nuestro país.

Dicho eso, nuestra educación está viviendo una situación crítica que estaría impactando el derecho a una educación de calidad de al menos dos generaciones de dominicanos en el contexto de cambios sociales y tecnológicos a nivel mundial para los cuales los estaremos dejando muy desprotegidos.

La situación en la calidad de la educación en nuestro país es sumamente grave, lo que es reflejado en todas las mediciones que se han hecho sobre esta, y me mortifica que no veo ningún sentido de urgencia en ninguno de los actores principales de ese sector. Es tiempo de que le demos el carácter de crisis que tiene y tomemos todos los pasos necesarios para atenderlo a la mayor brevedad, aún si debemos acudir a las herramientas extremas.

Orlando Gómez
orlando.gomez@gmail.com