La cadena de sucesos alarmantes de últimos días y semanas, con el componente común de deterioro de bases institucionales de la convivencia civilizada y democrática, enciende el botón de pánico social y revela graves irresponsabilidades constitucionales.

Parecería que no existen funcionarios comprometidos con orden público y seguridad ciudadana en el estado de derecho, o que la autoridad está de viajes o vacaciones, ajena a reiterados hechos cotidianos cuya repetición es estimulada por impunidad y falta de prevención.

El robo del avión en hangar aeroportuario es parte de la historia, similar al corte de cables del puente Juan Pablo Duarte con su corolario reciente del atraco a una empresa avícola vegana y, lo más insólito, un policía inculpado de homicidio fue sustraído de la justicia por otros agentes.

Las cosas pasan a color de hormiga, más que alarmar, irritan, al comprobarse que sucesos sin precedentes como ese asalto al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís por una turba de oficiales superiores, subalternos y alistados policiales, está aún en investigación por una comisión para establecer responsabilidades.

Cuestiones tan graves no son para perder el tiempo en indagaciones que buscan apañar el suceso, conocido y amplificado con imágenes en medios de comunicación, además que ante la atribución de su patrocinio y respaldo por un general policial, sobra cualquier atenuante.

La comunidad espera acción inmediata de las autoridades correspondientes, actitud cónsona con cumplimiento de atribuciones que la Constitución pone en sus manos al investirlas con poderes públicos y que las hace pasibles de sanciones por omisión o inacción.

Los que protagonizaron el secuestro del policía reo de la justicia en San Francisco de Macorís tienen superior que respaldó y trató de justificar el ilícito, y ese director regional responde al jefe nacional, en una cadena de responsabilidades que, si no se detiene, alcanza a su comandante la autoridad suprema, pasible de enjuiciamiento político por tolerar el desafuero.

El asunto es fácil si se aplican y respetan los artículos 4, 80.1, 83.1, 127, 128.1.c, 128.1.e y 148 de la Constitución. ¡Y haréis justicia!.