La corrupción afecta estructuras económicas y políticas de la nación, con manifestaciones de diferentes gradaciones en lo público y privado, favorecida por tolerancia y complicidad oficiales y, en otras oportunidades, por indiferencia y contubernio de sectores.

La que más irrita es la corrupción administrativa que toca el patrimonio público e implica distracción de recursos destinados al bien común. En términos generales, la más preocupante no es la micro, sino la macro corrupción, anidada en cúpulas de poder, porque la primera es práctica consustancial a la idiosincrasia de quien voluntariamente recompensa al empleado por servicio prestado, en unos casos, o es exigencia de contraprestación monetaria por una gestión requerida.

Casos escandalosos han quedado sin la sanción esperada, quizás porque el tumor maligno se ha propagado por estructuras de poderes estatales y los malvados han encontrado la trampa para burlar la ley.

Los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción se han quedado en el plano teórico, no han tenido el resultado traducido en sanción o castigo ejemplar que espera la población.

El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa no puede exhibir logros. La Cámara de Cuentas ha nadado entre sus propias indelicadezas. El Poder Legislativo no ha cumplido su rol de fiscalización y control del ejercicio de funcionarios dependientes del Ejecutivo.

Ha habido sometimientos pero los fundamentos de las acusaciones han sucumbido en los tribunales, ha faltado voluntad para que terminen en sanciones ejemplarizadoras y hay expedientes engavetados.

En el ámbito internacional, el gobierno tiene malas notas en estudios comparativos con relación a otros países de la región, no obstante los esfuerzos por transparentar la gestión con controles normativos sobre contrataciones, concursos y compras, además de automatización de procesos y acceso ciudadano a la información.

Todo ha sido diagnosticado y medicado. El paciente sigue grave porque el tumor es maligno y la fiebre no está en la sábana.