Ejecuciones y debido proceso

El proclamado estado social y democrático de derecho de la Constitución de 2010 es puro planteamiento teórico quimérico en país macondiano que no sale del asombro del realismo mágico cotidiano tornado en rutina que no ruboriza a nadie ni motiva cambios positivos,

La sociedad dominicana vive en dualidad infaltable en todo, teoría y praxis cada una por su lado, divorcio entre el “debe ser” y el “es”, dos caras de moneda o aplicación de ley del embudo, con lado angosto siempre para desfavorecidos de fortuna y sectores vulnerables de la población.

La Constitución es el texto más hermoso y abarcador en la historia republicana, rosario de derechos fundamentales por cumplirse y un debido proceso que tiene como principales violadores los agentes gubernamentales comprometidos con su respeto y preservación.

El debatido artículo 37 consagró la inviolabilidad de la vida y ratificó la proscripción de pena de muerte como castigo máximo, por lo que ningún tribunal o agente depositario de autoridad pública tiene facultad para condenar y/o ejecutar una persona por más delincuente que sea, presunto o real.

Los “intercambios de disparos” están harto desacreditados, son mentiras sin posibilidad de escuchar “declaraciones del muerto”, generalmente de sectores bajos de la sociedad, y son calificados con propiedad por organismos internacionales como “ejecuciones extrajudiciales”.

Declaraciones recientes sobre actuaciones criminales de la Policía, por parte del Ministerio Público y Poder Judicial, vía sus máximos representantes, son puro registro de prensa para fines protocolares y alimento de esa dualidad desgraciada, divorcio entre teoría y práctica gubernamental.

Cuando la autoridad estimula la violación legal y trata de justificar el abuso de poder, siempre en perjuicio de excluidos, marginados y población residual, el sistema casi colapsa y la evidente ineficacia e ineficiencia gubernamental frente a la delincuencia, conducen a peligro camino regresivo de venganza privada y justicia individual.