Lo revelado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de que más de 16 mil personas permanecen privadas de libertad sin juicio ni condena, ha debido estremecer los cimientos de la conciencia nacional, pero al parecer esa fatídica noticia se perderá entre páginas de periódicos y metaverso de redes sociales.
El magistrado Luis Henry Molina ha dicho que ese es un drama que debe afrontarse con “valentía, sumando esfuerzo, mejorando la coordinación, fortaleciendo cada una de las instituciones y, sobre todo, fomentando la confianza y el respeto hacia cada uno de los actores del sistema de justicia”.
A más de esas expresiones valederas pero etéreas, el presidente de la SCJ no planteó acciones en concreto para afrontar una situación que oscila entre lo vergonzoso y lo trágico, que desnuda acuciantes falencias en el servicio judicial y las instituciones auxiliares de la justicia.
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Es claro que el Ministerio Público carece de los medios o capacidad logística para poder manejar esa cantidad de expedientes relacionados con prevenidos que han recibido medidas de coerción consistente en pena de prisión, cuyos plazos se cumplen sin que sean presentados ante un juez para conocer de la acusación.
Tampoco hay tribunales suficientes como para fijar en un corto plazo miles de audiencias penales, tanto en fase preliminar como en juicio de fondo, por lo que es insuficiente la receta presentada por el magistrado Molina, basado en valentía, suma de esfuerzo, coordinación y respeto a los actores del sistema.
¿Dónde están los fiscales que prepararían la acusación formal contra cada uno de esos 16 mil presos sin juicio ni condena? ¿Dónde están los tribunales y jueces para juzgar a esos prevenidos de conformidad con el plazo menor de tres meses de apremio corporal? Lo deseable sería que la procuradora general, magistrada Miriam Germán, y el titular de la Suprema Corte, coordinen acciones de urgencia para concluir expedientes y habilitar tribunales a los fines de restituir derechos conculcados a más de 16 mil privados de libertad en forma irregular.
Aunque se admite que el sistema penitenciario ha mejorado en los últimos años, penoso es admitir que las cárceles fungen aun como cementerios de gente viva, ingresadas en ergástulas, sin garantía de juicio ni condena, lo que se atribuye a negligencia de fiscales, jueces y abogados.
