Administración y control

El Estado, como representante jurídico y político de la nación, tiene la alta responsabilidad de respetar el ordenamiento legal, en sentido amplio, que él ha establecido en la sociedad. No es cierto que el poder público tenga facultades para actuar a la libre. Muchos se confunden y piensan que nada puede impedir que los órganos e instituciones públicas realicen las acciones que se propongan en un momento determinado. Si así fuera hasta Friedrich Nietzscher se quedaría corto cuando afirmó que el Estado es el monstruo más frío de todos los monstruos fríos.

Solo en la mente afiebrada de algunos pequeños burgueses que suelen llegar a ocupar altos cargos públicos se anida la ilusión de que ellos son los que imponen su voluntad, como si fueran constitución, ley y batuta, para decirlo en un correcto orden académico. Ellos ignoran que en un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo instituye el artículo 7 de la Carta Magna, el poder político está sometido al orden jurídico. Lo contrario sería la negación de las normas, valores y principios que rigen una sociedad democrática.

Pero en las sociedades atrasadas, dependientes y deformadas como la nuestra todo puede suceder en cualquier momento. Por eso el genio colombiano de las letras, Gabriel García Márquez, afirmó que lo que más se parece a Dios en la Tierra es un Presidente. Y cada funcionario público sin conciencia de su rol social se cree con los atributos del Presidente en el organismo que dirige. Por eso se comportan con la prepotencia de guardias rurales.

Ahora bien, la Administración Pública, que es el conjunto de entidades del Estado que debe garantizar los servicios y bienes que la población requiere para vivir con un mínimo de dignidad, está limitada por el orden jurídico imperante. El presidente de la República es el jefe de la Administración, y está obligado a dar el ejemplo más elevado en el cumplimiento de sus obligaciones. De su conducta depende el comportamiento que adoptarán los funcionarios. El pueblo, en su inmensa sabiduría, afirma que si la cabeza anda mal, todo el cuerpo sufre.

En efecto, así es. Nuestro Pacto Fundamental es preciso y coherente en el sentido de que la Administración está sometida a control. Por eso dedica su artículo 138 para consagrar los principios que norman todas las actividades del Estado. Dice: “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.”

Y para que ningún funcionario se confunda, o ignore el poder que tienen los ciudadanos, su artículo 139 estatuye: “Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley.”

Ciertamente, la Administración está bajo el control del orden jurídico.