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Entre las razones para rechazar la eliminación de la Unidad de Desarrollo Rural y Suburbana (UERS), su directora, Thelma Eusebio, adujo que la entidad contribuye con la reducción del éxodo del campo, el incremento de la producción agrícola y garantiza los servicios de educación y salud en las zonas apartadas del territorio. Además de que la existencia se justifica porque en el país hay unas 193,549 viviendas, que representa alrededor del 7.03% a nivel nacional, sin electricidad.

En algunas provincias el porcentaje puede alcanzar el 33%. Con 3,000 millones de pesos anuales esos problemas, según Eusebio, se resuelven. Sin embargo, el obispo José Dolores Grullón sonó la alarma sobre el descenso demográfico en una provincia de tanta tradición agropecuaria como San Juan.

Y clamó para que se tomen cuantas medidas sean necesarias, entre las que favoreció un agresivo plan de cooperativismo con carácter social, para que los sanjuaneros no emigren de su pueblo. Por lo menos en provincias como Azua, Elías Piña y San Juan se necesita que los proyectos de electrificación y desarrollo por lo menos se complementen. De esa manera la UERS, cuya eliminación solicitó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), justificaría más su existencia.