La cifra de casi seis mil desplazados y de más de mil viviendas afectadas revela la magnitud de los daños causados por las intensas lluvias que según Meteorología continuarán en casi todo el territorio nacional. La mayoría de los damnificados y de las viviendas dañadas corresponde a comunidades de Haina, San Cristóbal, Tamboril, Licey al Medio, Ramón Santana y Distrito Nacional. También en Puerto Plata, Bonao, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Espaillat y La Altagracia, lo que obliga a las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia a actuar con eficiencia y diligencia en las labores de auxilio de las familias afectadas. Se requiere que el Gobierno aplique un programa de emergencia que incluya reparación de viviendas o traslados a lugares seguros de las familias desplazadas, suministro de alimentos, ropas, colchones y frazadas, porque la mayoría de esa gente lo ha perdido todo o casi todo a causa de los intensos aguaceros. Ojalá que esas urgentes medidas de socorro se ejecuten fuera de la chercha electoral porque con la desgracia y miseria ajena no se juega ni debe mezclarse con clientelismo o demagogia.
Cuanto antes
La Junta Central Electoral debería adelantar el diseño de un programa que permita retornar cuanto antes los planteles escolares al Ministerio de Educación para reanudar docencia tan pronto concluyan las votaciones del domingo 20 de mayo. Lo ideal sería que el lunes 21 los estudiantes retornen a las aulas que deben ser devueltas sin daños mayores, porque los votantes están compelidos a cuidar una propiedad pública que por demás se erige como el segundo hogar de sus hijos. No hay razón para que la JCE proceda a entregar a Educación los locales escolares la misma noche del domingo, porque cualquier situación de carácter contencioso de dirime en la sede la Junta y no en las aulas de las escuelas. Autoridades, partidos y candidatos están obligados a velar por el buen uso de esos inmuebles y a retornar su control al Ministerio de Educación, un día después de concluida las votaciones.