En el tramo final de la campana electoral, la JCE se ha obstinado en introducir elementos de incertidumbre que desde los puntos de vista jurídico-institucional y político, no tienen justificación. Aferrarse a una imposición autoritaria del conteo electrónico de los votos, sin prestar atención a pedimentos formulados por varios partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, constituye una innecesaria perturbación a un proceso que, en adición a la complejidad derivada de la concurrencia de múltiples tramos de elección, introduce un mecanismo nuevo para el escrutinio de votos, el cual solo se ha implementado en ocho países y en todos se ha ejecutado de forma escalonada, o se le hace coincidir con el conteo manual en una proporción importante de mesas.

La JCE se ha obstinado en introducir una incertidumbre innecesaria

La cerrazón de la JCE encuentra un valladar en la propia Ley electoral, la cual establece la forma de llevar a cabo el conteo de los votos. Esta disposición legislativa jamás puede ser vulnerada a partir de una resolución del Organismo electoral. Una modificación a la misma solo puede ser el resultado de una normativa emanada del congreso de la república. El artículo 127 de dicha Ley es muy claro y obliga al secretario de la mesa a mostrar las boletas a todos los integrantes del colegio, incluidos los delegados partidarios para que estos puedan hacer las observaciones pertinentes a la asignación que se haga del voto emitido en cada boleta.

La causa principal de las impugnaciones, las cuales hay que hacer de manera ineludible en la propia mesa, es la discrepancia que tengan los delegados con los votos consignados en cada boleta y la asignación que se haga de ellos. ¿Cómo podrían hacerse tales objeciones, si no se tiene la oportunidad de verificar los votos marcados por los electores? En esas circunstancias, ¿sería legítimo alegar después que no se pueden hacer reclamos porque estos no se iniciaron en los propios colegios electorales?.

En cuanto a la parte política, la actitud de la entidad electoral carece de razonabilidad. Ante todo, es la propia ley que conmina a actuar de la forma descrita. Luego, varios partidos le están haciendo peticiones lógicas, y el PLD ha manifestado que acata lo que la JCE decida respecto al conteo. ¿Qué puede explicar entonces la negativa a hacer las cosas quizás un poco menos ágil, pero mucho más confiable y evitar de esa forma cuestionamientos a los resultados de un evento de tanta trascendencia?