El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana advirtió que el proyecto de reforma al Código Penal que se conocerá hoy en segunda lectura en el Senado, contiene múltiples disposiciones consideradas como graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia.

Alertó que en la iniciativa han sido incluidos aspectos “sumamente peligrosos” para la democracia y el Estado de derecho al eximir de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas, lo cual constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

Penas de prisión para mujeres por interrupción del embarazo en el nuevo Código Penal ignora derechos fundamentales

Además, establece penas de prisión de 1 a 2 años para las mujeres que interrumpan un embarazo, sin excepción alguna, ignorando una conquista de nivel mundial en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, sea producto de violación, incesto o se compruebe inviabilidad fetal.

Afirma que solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en situaciones extremas.

Señala retrocesos en el combate a la corrupción debido a ignorar la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos destinados a la salud y otras necesidades prioritarias.

Dijo que se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0350/19) que dispuso: “que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas”.

Agrega “las actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial”.

Denuncia que el texto aprobado es ambiguo y se podría prestar para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.