Ahora que se está discutiendo seriamente en el Congreso Nacional y en centros de pensamiento e intereses la modificación del Código de Trabajo se impone aportar ideas. El cambio en la normativa laboral nos impacta, para bien o para mal, a todos.
Ciertamente, la problemática legal laboral no es asunto solo de empleadores y trabajadores. Es de toda la sociedad. No importa que se tenga la condición de desempleado, chiripero, informal o pensionado. La sociedad toda será responsable de lo que resulte de esa reforma.
Esperamos que la razonabilidad se apodere de los empleadores y desistan de su objetivo sempiterno de eliminar el derecho de los trabajadores al auxilio de cesantía. Si esta fuera tan onerosa como ellos suelen alegar, no hubiesen acumulado las grandes riquezas que ostentan, ni sus empresas fueran tan auspiciosas.
Se requiere, como necesidad perentoria, regular el teletrabajo o trabajo remoto. También las operaciones de las plataformas digitales del transporte, sea de personas como de mercancías.
El señor ministro de Trabajo, el eficiente y polifacético Eddy Olivares, ha dado muestras fehacientes de su compromiso con la actualización de la legislación laboral. Urge lograrlo. La ley 16-92, que crea el Código de Trabajo, data del 1992 y son muchos los cambios que le han sucedido, por la sociedad del conocimiento y por el desarrollo tecnológico y científico en que vivimos.
Algunos afirman que la creación de una instancia de conciliación previa al litigio laboral reducirá grandemente los procesos judiciales laborales. Garrafal error.
Esos esfuerzos de conciliación entre empleadores y trabajadores se han hecho y se siguen realizando por mandato de la ley. Sería constitucionalmente nulo un proceso largo de conciliación laboral, si niega en los hechos el libre acceso a la justicia, para vencer la voluntad reclamante de los trabajadores, gracias a las penurias y urgencias económicas que siempre tienen.
Sería oportuno que se pensara en revisar el procedimiento judicial para que los casos no se eternicen en manos de los jueces. No solo por la muy traída y llevada mora judicial, que por fortuna la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, juntamente con los jueces, estamos decididos a erradicar, sino con los aplazamientos evitables de audiencias.
Y esos aplazamientos se dan tanto por causa de los empleadores como de los trabajadores, según sus intereses. Dependiendo de que se trate de despido, dimisión o desahucio, los veremos actuar.
Toda reforma y actualización de una legislación envejecida es, en principio, buena y necesaria. Pero hay que respetar los derechos y las garantías constitucionales de los más débiles y vulnerables, que, en este caso, son los trabajadores. Ojo al Cristo.
