Tanto por la forma como por el fondo ha generado malestar la rescisión del contrato con una firma privada para los cobros de los arbitrios dispuesta por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Se ha alegado que aparte de que el convenio no se ha vencido el alcalde Manuel Jiménez se excedió al utilizar militares para notificar la decisión.

Según el abogado de la firma Control Básico Municipal el contrato, que había sido renovado en la pasada gestión, vence en febrero de 2022.

Con lo que ha sido calificada de arbitraria rescisión al alcalde Manuel Jiménez se atribuye no solo incurrir en una violación de la ley de compras y contrataciones públicas, sino de atentar contra la inversión nacional y extranjera.

Con la medida y el uso de la fuerza el abogado de la firma se queja de que el alcalde, que apenas se estrenó en el cargo el 24 de abril, hace mucho daño a la imagen del país.

El caso, por lo visto, se decidirá en los tribunales, si las partes no llegan a un arreglo sobre la aparente violación de las reglas de juego. Si es como alega la firma a la alcaldía se le fue la mano tanto con la rescisión como con la militarización de la sede operativa de su oficina administrativa.