Son múltiples las opiniones vertidas sobre la decisión de la dirección de los dos principales partidos políticos de reservarse un importante porcentaje de candidaturas congresuales y municipales.

Sobra decir que se trata de un procedimiento que reduce la democracia interna y, finalmente, lo único que podría justificar esa medida es que las designaciones recaigan en personalidades de reconocidas prendas morales e intelectuales, contribuyendo así a elevar el nivel de los poderes Legislativo y Municipal.

De todos modos, la realización de primarias para la selección de candidatos, es el mecanismo idóneo, pero en la medida en que no resulte socialmente excluyente, como en efecto ocurre, pues sólo pueden aspirar quienes tienen poder económico, apelando al condenable clientelismo.

Desde mi óptica, el voto preferencial constituye un gran avance respecto a las listas numeradas que sometían las organizaciones políticas a la Junta Central Electoral, con los nombres de los candidatos a diputados. El gran defecto del voto preferencial radica en la falta de control propagandístico y en el uso abusivo y desigual de recursos económicos, dando pretexto a una eventual exclusión, mediante una reforma a la Ley Electoral.

Para beneficio de la democracia, la Ley Electoral amerita la corrección de muchos aspectos, pero es importante dotar a la JCE de los poderes necesarios. No basta con que el organismo se encargue de montaje de eventos y conteo de sufragios, es necesario, como árbitro, que controle la campaña electoral y haga cumplir la ley, con capacidad de sanción al que la viole.

Y los partidos políticos no tienen que reservarse candidaturas. Sólo deben de emular el ejemplo del profesor Bosch, el cual impedía la promoción individual y los candidatos tenían que presentarse juntos a los organismos, exponiendo sus propuestas programáticas.