Un vacío legal, en el que no se establece plazo para que las cámaras legislativas envíen al Poder Ejecutivo los proyectos de ley aprobados, provocó que el presidente Luis Abinader conociera y observara la reforma a la Ley de 10-04 de la Cámara de Cuentas 6 meses y 7 días después de ser refrendada por la Cámara de Diputados. No hay reglamentos en el Congreso, ni una ley que le imponga a las cámaras la fecha en que deben enviar al Presidente los proyectos sancionados.

Aunque el proyecto fue aprobado de urgencia en dos sesiones consecutivas el 26 de julio de 2023, fue remitida el pasado 3 de enero de este año al Poder Ejecutivo, quien la devolvió observada dos días después.

El artículo 101 de la Constitución dominicana dispone que : “Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación.

Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará”.

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Sin embargo, ni la Carta Magna y ni los reglamentos internos de las cámaras legislativas establecen plazos para que estos organismos envíen al Ejecutivo las iniciativas aprobadas.

En tanto que el artículo 104 de la Constitución consigna que : ”Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidirla, de lo contrario se considerará aceptada la observación”.

Mientras que esta mañana el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) deploró el poco interés mostrado por la Cámara Baja en remitir el proyecto aprobado y dijo que los legisladores son la peor representación que tiene la sociedad dominicana en estos momentos.

Criticó que los congresistas han creado normas para controlar al Poder Ejecutivo, pero que han demostrado su falta de interés en la transparencia en que no han creado reglamentos que establezcan cuando deben enviar al presidente de la República los proyectos refrendados.

Habla PC

Esta mañana la coordinadora política de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró que la Cámara de Diputados demostró su ineficiencia y poco interés en una ley como la Cámara de Cuentas que era vital para observar el accionar de los funcionarios públicos.

“Cómo es posible que exista este vacío legal, y que el Congreso no tenga un plazo para remitirlo al Ejecutivo que es importantísimo, pero sobre todo esto habla de la calidad y la eficiencia del Congreso, independientemente exista o no un reglamento no es posible entender que un proyecto o una ley tan fundamental para la transparencia, el control y la rendición de cuentas, que ha sido una de las principales demandas de la ciudadanía no haya sido enviada en un tiempo prudente”, sostuvo

Agregó que “eso habla también de la importancia, hasta donde se visualiza la importancia que la da el Congreso a esa ley, si realmente fuera importante para ellos, si ellos le dieran importancia a esa modificación para que se cuenta con una Cámara de Cuentas, que hemos visto que era urgente y prioritaria, pues la Cámara de Diputados inmediatamente la hubiese mandado, la hubiese remitido al Ejecutivo, pero eso no pasó”.

La observación

El presidente Luis Abinader observó el pasado día 5 el proyecto de ley que regula a la Cámara de Cuentas, destacando la parte relativa al régimen de sanciones administrativas que la Cámara de Cuentas puede imponer a los funcionarios y servidores de las instituciones sujetas a su control.

En ese orden, en su misiva a los diputados el gobernante señaló que “es importante para la efectividad del control externo la existencia de un robusto régimen administrativo sancionador dirigido a los funcionarios de los organismos auditados”, razón por la cual propuso una redacción alternativa de dicho artículo, que incluye un amplio catálogo de infracciones administrativas.

Historial

La iniciativa debatida ampliamente por distintos sectores que la consideraban vital para la institucionalidad en el país, fue sometida el 24 de agosto de 2022 por el senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista.

Fue aprobada el 18 de julio de 2023 tras ser estudiada por una comisión bicameral que escuchó a distintos sectores que opinaron sobre la iniciativa. Fue depositada por el Senado en la Cámara de Diputados el 19 de julio de 2023 con un informe de la comisión bicameral que la estudió. Se aprobó de urgencia el 26 de julio del año pasado y engavetada hasta el 3 de enero pasado cuando se envió al Poder Ejecutivo.