El impasse surgido a raíz de las observaciones formuladas al Código Penal por el presidente Danilo Medina, sobre la interrupción del embarazo, en determinadas circunstancias, ha impedido que la sociedad dominicana tenga una nueva normativa que contiene un ramillete de reglas para contener la delincuencia que sacude y agobia al conglomerado nacional.

Los dominicanos necesitamos urgentemente el nuevo Código Penal, sancionado por ambas cámaras, el cual tipifica infracciones graves, como el sicariato, el femenicidio, el autor intelectual del crimen, y aumenta las penas privativas de libertad hasta 60 años. También acumula las sanciones para aquellos agentes que han cometido múltiples transgresiones.

El alboroto, originado por las referidas observaciones, mantiene el nuevo Código Penal en un limbo, que eventualmente, podría dilatar su entrada en vigencia en detrimento de la búsqueda de un clima de paz y tranquilidad, dado que seria un muro de contención como prevención, y de castigos drásticos contra aquellos que incurren en hechos punibles.

Una salida a la situación sería eliminar los artículos objetos de los reparos del Poder Ejecutivo, y elaborar una ley especial que se refiera estrictamente a todo lo concerniente a la despenalización del aborto terapéutico. Es necesario entender que el aborto per se, esta previsto y sancionado. Además, sería positivo estudiar el articulo 37 de la Constitución de la República que establece que: “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, y señala que no podrá pronunciarse en ningún caso, la pena de muerte.

Trata el aborto como un enunciado, pero no indica las excepciones que podrían estar contempladas en una ley especial, que bien despenalizaría la interrupción del embarazo cuando está en peligro la vida de la madre.