Santo Domingo.- La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación confirmó que el Ministerio Público está obligado a representar los intereses de la sociedad en general, dentro del régimen de la acción pública, independientemente de la comparecencia o no de la víctima.

La decisión fue pronunciada con la sentencia No. SCJ-SS-23-0576, de fecha 31 de mayo de 2023, acogió un recurso incoado por el procurador general de la Procuraduría Regional de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez, que marca jurisprudencia en materia de robo y el régimen de la acción penal.

Bircann Sánchez señala que este precedente fortalece la defensa social y constituye, a la vez, una adecuada respuesta al reclamo de justicia ante hechos violentos y la protección de la víctima.

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En su recurso de casación fue presentado contra la sentencia No. 359-2021-SRES-00220, dictada en fecha 16 de noviembre de 2021 por la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, que confirmó un auto de no ha lugar dictado por el Juzgado de la Instrucción de Valverde, el procurador demostró en la sede casacional que en ambas instancias los jueces hicieron una incorrecta aplicación de la Ley.

El Ministerio Público mostró que estas decisiones son contrarias al derecho, al pretender que el robo cometido con las agravantes descritas en los artículos 384 y 385 del Código Penal, pero sin armas, es perseguible por acción penal pública a instancia privada, y que si la víctima no acude a la audiencia se extingue la acción penal.