SANTIAGO.- El conflicto entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y la Alcaldía local se profundiza luego que esta última exigió que se rijan por las leyes y normas municipales, lo que encontró inmediata respuesta del ingeniero Silvio Durán exhortando a que “cada quien” cobre individualmente los servicios a los usuarios.
Sin embargo, la ley 582 que rige a Coraasan en su artículo 6, modificado por la legislación 328-98, establece que esa institución deberá acordar con los ayuntamientos de los municipios de la provincia que se incluyan en las facturaciones de agua, cargos por otros servicios municipales, cuyos valores correspondientes serán entregados a los respectivos cabildos dentro de los treinta días de cobrados.
El viernes, también Coraasan sometió un recurso de amparo contra la Alcaldía local a fin de recuperar cuatro vehículos pesados que le incautó como parte de una litis entre ambas instituciones por el cobro mutuo de deudas millonarias.
“Para terminar los conflictos Ayuntamiento con Coraasan, nuestra propuesta es que cada institución cobre su servicio. Coraasan cobra su agua y Ayuntamiento su basura”, dijo el ingeniero Silvio Durán en un breve mensaje en las redes sociales.
Mientras que el Ayuntamiento, salió al frente sobre los señalamientos de la empresa acuífera de que les impide a sus obreros realizar trabajos en la ciudad.
“Es importante que la población entienda, que la Alcaldía, se rige por leyes y normas en las que se sustentan todas las acciones que tienen que ver con la realización de trabajos en los espacios públicos del municipio, sean estos realizados por instituciones públicas o privadas, las cuales deben hacerlo en coordinación con el Ayuntamiento y amparados en las leyes que rigen cada departamento de esta institución”, señalan a través de un comunicado.
La Alcaldía local remitió una correspondencia a Coraasan donde le recuerda que las disposiciones legales están contenidas en las leyes 675-44 sobre urbanización, ornato público y construcciones, la legislación 6232-62, sobre Planeamiento Urbano en República Dominicana, la ley 176-07, que rige el Distrito Nacional y los municipios y la 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad vial, las cuales advirtieron deben ser observadas y acatadas.
“El Ayuntamiento de Santiago, expresa que no es posible que Coraasan, intervenga calles y avenidas recién asfaltadas, rompiendo estructuras sin ningún criterio, sin coordinar, ni notificar y mucho menos sin solicitar permisos y lo más grave es dejar las calles y avenidas rotas y abandonadas lo que conlleva gastos en perjuicio del municipio”, alega en su comunicado el cabildo local.
