Amnistía Internacional (AI) parece no entender que el desenfreno migratorio derivado de la gravísima crisis haitiana coloca en situación de riesgo la seguridad interior de República Dominicana, aunque con su burda acusación de racismo y discriminación contra las autoridades nacionales, desnuda su talante colonialista.

Esa entidad pretende que el Gobierno renuncie a su obligación de garantizar la vigencia de la Constitución, aplicar el estatuto migratorio y proteger la integridad de la frontera terrestre con Haití, sumido hoy en profundo proceso de violencia y degradación institucional.

Con ínfula imperial, Amnistía Internacional exige al Estado dominicano poner fin “de manera inmediata” a lo que define como políticas migratorias racistas y discriminatorias, con el pretendido propósito de dañar la reputación de la única nación que por muchos años ha servido de cirineo del pueblo haitiano.

¿Acaso esos procónsules carecen de valor cívico para reconocer que a República Dominicana le asiste derecho de deportar o repatriar a inmigrantes en condición irregular? ¿Cree AI que el gentilicio nacional es predominantemente de raza aria o de negros y mulatos?

Al presidente Luis Abinader tiene razón en afirmar que Amnistía Internacional carece de calidad moral para lacerar la reputación de la patria de Duarte, cuyo gobierno ha acudido 16 veces ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) para reclamar que las grandes metrópolis volteen rostro hacia Haití.

Ana Pique, directora para las Américas de IA, miente deliberadamente al acusar al gobierno dominicano de recurrir a una supuesta narrativa de unidad nacional construida sobre “la exclusión de la persona haitiana”, así como con su despropósito de asociar un ejercicio soberano con violaciones a derechos humanos.

No sería extraño que esa funcionaria culpe también a República Dominicana por los crímenes que perpetran bandas armadas en Haití, por los casi dos millones de desplazados por la violencia y porque mas de la mitad de la población haitiana padece dificultades para acceder a la alimentación.

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Sin negar ni justificar casos de violaciones a derechos de inmigrantes, como ocurre con mucha mayor frecuencia en Estados Unidos y Europa, el gobierno dominicano esta compelido a rechazar con toda firmeza la aviesa e infundada acusación de Amnistía Internacional de que aquí se aplican políticas racistas y discriminatorias contra los haitianos. Sin calidad moral, esa gente debería irse con su música a otra parte.