El gobierno haitiano se envalentona cada vez que cree encontrar un motivo para denunciar supuestas violaciones contra derechos de sus conciudadanos en República Dominicana, una forma de mercadear falsedades con el propósito de acentuar a nivel internacional su acomodado y muy productivo papel de víctima.

La elite política y empresarial inserta en el Consejo Presidencial de Transición de Haití parece sentirse cómoda en el ejercicio de un discurso de doble moral que pretende hacer creer que le preocupa el tratamiento que las autoridades dominicanas dispensan a inmigrantes en condición irregular.

Lo cierto es que ese colectivo gobernante emplea una activa diplomacia centrada en presentar a República Dominicana como responsable directo de la crisis que padece Haití o al menos como una nación que rehúsa compartir esa desgracia a partes iguales.

No se conoce ninguna declaración o muestra de gratitud del gobierno de Haití hacia República Dominicana que durante años ha dedicado el 25 % de su presupuesto de salud para atender en los hospitales públicos a miles de parturientas haitianas o porque el 20 % de la escolaridad pública es ocupada por estudiantes de ese país.

Tampoco agradece que República Dominicana ha sido la voz más alta que reclama en foros internacionales que grandes economías volteen rostros hacia el drama haitiano, por el contrario, altos funcionarios de Haití pregonan por todo el mundo la infamia de que aquí se ejerce xenofobia, apatridiaa y racismo contra los haitianos.

A eso se debe que el Consejo Presidencial de Haití condene “con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales” de los que serían victimas los haitianos que residen en territorio nacional, ante lo cual el gobierno dominicano defendió el derecho soberano de aplicar sus leyes migratorias.

No sería extraño que el gobierno haitiano culpe también al dominicano de que el 80 % de la población de ese país malvive por debajo de la línea de pobreza, que bandas armadas controlen gran parte de Puerto Príncipe, que la corrupción corroe la epidermis pública o de que Haití se erija hoy como gran almacén del narcotráfico internacional.

El desenfreno inmigratorio desde el otro lado de la frontera coloca en riesgo la estabilidad política y económica, gobernanza y la soberanía nacional, razón por la cual el gobierno dominicano esta compelido a aplicar a pie de letra la Ley de Migración, sin importar las consecuencias del discurso de doble moral y victimización pregonado por el gobierno haitiano.