El escenario planteado por el diputado de la provincia de San Juan, Frank Ramírez, ante la Cámara de Diputados, en el cual hace una petición sincera al Presidente Luis Abinader y a sus ministros, sobre la urgente e impostergable intervención estatal en su provincia, describiendo los niveles de descuido en que se encuentra la economía de la misma, nos obliga a reflexionar sobre la realidad provinciana y las medidas que resultan urgentes revisar para contribuir a reducir los niveles de pobreza y desatención que la arropa. Es bueno recordar que la población que se encuentra bajo la línea de pobreza en la provincia es del 62% de sus habitantes.

En varias ocasiones me he permitido evaluar al liderazgo local de San Juan, caracterizado desde mi punto de vista, por ser oportunistas y aprovechados de los planes y proyectos que todos los gobiernos han llevado a cabo, pero siempre buscando soluciones individuales a sus problemas, olvidándose de las penurias de la gran mayoría de los productores pequeños y de la calamidad en que viven.

Gracias a Dios que Frank Ramírez, en su rol de fiscalizador, por su condición de diputado al Congreso, da visibilidad a los problemas de la quiebra económica de un pueblo, que se hace llamar el granero del sur, y todo parece que es un granero que se ha quedado sin granos.

El panorama apocalíptico que describe el diputado Ramírez, sobre la producción agrícola y la situación económica de sus actores, narrando que el gobierno tiene una deuda desde el 2021 hasta la fecha, de más de 500 millones de pesos con sus protagonistas (agricultores, dueños de maquinarias agrícolas y comercializadores o pignoradores), obliga a plantearnos si la matriz de producción y el futuro del valle tiene que estar exclusivamente sustentado en la agricultura, una actividad que resulta ser sumamente riesgosa.

La agricultura es una actividad muy vulnerable, veamos: una lluvia de menos o de más, una plaga o una enfermedad inesperada, la calidad de las semillas, la calidad y cantidad de aguas en los riegos que se aplican, el manejo poscosecha y los riesgos de daños en almacén y, sobre todo los vaivenes del mercado, que con mucha frecuencia obliga a la intervención y el auxilio estatal, situaciones que echan por el suelo la esperanza de los agricultores y la convierte en una actividad altamente riesgosa.

Es bueno explicar que esta actividad, si bien es necesaria, no debe ser la única para promover el desarrollo económico de una provincia, siempre que exista la potencialidad de diversificar los medios de producción e incrementar los ingresos y las fuentes de trabajo para su gente.

Lo penoso de esta situación es que, ante la posibilidad de saber si tenemos o no la oportunidad de cambiar el panorama existente.

Por: Natanael Santos

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