Los titulares de las instituciones estatales son los grandes ausentes en la acusación de corrupción incoada por el Ministerio Público contra un grupo de militares y policías, acusados de pagar decenas de millones de pesos en sobornos para que sus empresas de seguridad privada fueran contratadas.
En el expediente de solicitud de medida de coerción solo figuran empleados de cuarta categoría, principalmente jefes de seguridad de las instituciones estatales afectadas.
Los sobornos, según la solicitud de medida de coerción, habrían sido pagados por los militares y policías en instituciones como Senasa, Edeeste, Edesur, Edenorte Dominicana y el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi).
Sin embargo, los titulares de esas instituciones no figuran en el expediente acusatorio de medida de coerción, por lo que parece que desconocían las acciones de subalternos y que, incluso, no firmaban las facturas a pagar a las empresas privadas que prestaban servicios de seguridad en dichas instituciones.
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Por cada factura pagada, de acuerdo al citado expediente, los militares y policías dueños de empresas de seguridad privada, pagaban entre un 5 hasta un 10% del valor.
Como sobornados a penas figuran empleados de cuarta categoría, como Carlos Ambrosio Robles Díaz, ex director de seguridad de EDESUR; Ramón Quezada Ortiz, miembro del departamento de seguridad de Edeeste; el militar Andrés Pacheco Varel, ex encargado de Seguridad de la empresa Edenorte Dominicana; y Luis Ernesto Vicioso Bocio, ex director de seguridad de Edeeste.
También, Elías Caamaño Pérez, ex encargado de seguridad del Seguro nacional de Salud (Senasa); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, encargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; y Wellington Peralta Santos, ex asistente del encargado seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
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La solicitud de medida de coerción refiere el caso, a modo de ejemplo, de un funcionario que se ganó 35 millones de pesos por ese concepto.
