Legalidad y solemnidad del Estado no deberían ser degradados con insulsas iniciativas, pronunciamientos o discusiones anodinas de naturaleza politiquera porque ningún interés particular o sectorial debería estar por encima de la ley y de la transparencia.

El director de Titulación declara “inservibles” 14,224 títulos de propiedad aun no otorgados, que fueron gestionados por pasadas autoridades, sobre los cuales dispuso su anulación al señalar que esos documentos adolecen de irregularidades.

El señor Mérido Torres Espinal al parecer considera que sus atribuciones son de tal magnitud que puede declarar por sí mismo como inservibles documentos emitidos por el Estado que poseen fuerza de ley, como lo es un certificado de propiedad.

El anterior director de Titulación, José Dantes, afirmó que esos títulos no llegaron a entregarse precisamente porque se detectaron anomalías en el proceso de levantamiento en el ámbito de terrenos pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

El señor Torres Espinal debería saber que esos 14 mil 224 títulos irregulares o “inservibles” no pueden ser anulados de manera administrativa, sino revocados por la Jurisdicción Inmobiliaria, donde deberían ser remitidos con diligencia y transparencia.

Se insiste en que una vez emitido un certificado de propiedad, solo la jurisdicción inmobiliaria o los tribunales afines pueden declarar su invalidez o ausencia de formalidades legales porque se trata de un documento librado por el Estado de conformidad con la ley.

La seguridad jurídica no puede estar a merced del capricho de ningún funcionario, menos aún la majestad del Estado, cuyas decisiones solo pueden ser contestadas o atacadas en la jurisdicción de justicia correspondiente, lo que aplica para ese lote de certificados de propiedad, cuyo proceso de remediación sería de manera individual y no en lotes.

Lo que aquí se censura es el retorcimiento politiquero a un asunto de naturaleza técnica y jurídica que provoca angustia en miles de familias que anhelan obtener los títulos de propiedad sobre sus parcelas o solares, una aspiración que ha quedado en la nebulosa de la anulación administrativa.