Nunca había observado una campaña electoral, desde que tengo uso de razón, en la que el grueso del electorado exhiba tanta falta de motivación por el sufragio, razón que lleva a candidatos corruptos, a los más diversos cargos electivos, a ofertar dinero a personas de estratos sociales humildes para ser favorecidos con el voto.

La compra de voto es un delito criminal, conforme a la ley 275-97, pero la JCE no dice nada. Y ese delito se practica a la luz del día en toda la geografía nacional, por lo que más que una campaña electoral, en la que prevalezcan las propuestas programáticas y se oferten cualidades éticas de los candidatos, como forma de posible garantía de solución de los problemas del país, lo que matiza este proceso es una verdadera subasta pública.

En los meses de febrero y marzo candidatos a diputados empadronaban electores bajo la promesa de pagar 500 pesos un día antes de los comicios. Pero en abril la oferta ha subido a 1,000 y a 1,500 pesos, con una tendencia alcista en las semanas que restan para las elecciones. En esa subasta del sufragio, es lógico, los candidatos oficialistas tienen todas las de ganar, pues los recursos que usan son del erario.

Lamentablemente la oposición no ha tenido respuesta a este problema. El PRM consideró idóneo la escogencia de candidatos con poder económico, sin importar la procedencia, creyendo erróneamente que de esa forma evitaba el avasallamiento del PLD. El PRM, de igual manera, emuló del PLD el engaño de las “encuestas” para la escogencia de candidatos.

Como los principales partidos políticos, por lo menos cuantitativamente, creen en el uso del dinero como recurso electoral y ambos niegan a sus dirigentes el derecho de elegir y de ser elegidos, un derecho establecido constitucionalmente, no sorprende que un amplio segmento del electorado exhiba falta de motivación y confianza a nuestra clase política.

Y como no hay castigo para los autores de la subasta pública por el sufragio, una forma de impedir la intención del voto de los electores podría ser la escogencia de todos los cargos electivos mediante encuestas. Pero que sean encuestas reales y científicas, no farsas como las que se inventaron el PLD y el PRM para la selección de sus candidatos. ¿Sería inconstitucional? ¿Y qué no es inconstitucional en este país?