Senadores y diputados de la zona fronteriza reclaman mayor atención de las autoridades militares para frenar el vandalismo en que aseguran incurren turbas de haitianos en diferentes comunidades de las provincias Elías Piña, Independencia y Baoruco.

Al describir un cuadro sombrío en términos de seguridad, legisladores coinciden en afirmar que el territorio limítrofe con Haití es literalmente tierra de nadie por las constantes incursiones desde el lado haitiano de grupos armados de machetes que ejercen violencia contra dominicanos y propios compatriotas.

Entre los congresistas que expresan preocupación por el progresivo deterioro de la seguridad ciudadana en la frontera figuran los senadores Adriano Sánchez Roa, Juan Orlando Mercedes y Manuel Antonio De Paula, así como los diputados Nancy Santos, Israel Terrero y Darío Zapata, algunos de los cuales favorecen la construcción de un muro fronterizo.

Se definen como válidas y legítimas las aprensiones de esos congresistas, pero debería saberse que además de estar expuesta a violencia e inseguridad, la zona fronteriza también padece de exclusión y marginalidad, al punto que el senador Mercedes reveló que a consecuencia de la carencia de oportunidades los dominicanos emigran hacia otras regiones.

La verdad es que cada día hay más indocumentados y menos dominicanos en comunidades de la frontera, que para más desgracia son asoladas por bandas armadas que mantienen en zozobra a quienes todavía residen en esas comarcas.

El rapto de un grupo de médicos por haitianos en la Carretera Internacional ha motivado la atención de la opinión pública nacional, pero ese tipo de vandalismo se perpetra de manera frecuente en muchos lugares de la franja fronteriza, sin que las autoridades cumplan con su obligación de proteger o defender a los ciudadanos.

Los legisladores que expresan preocupación por una situación que conocen desde hace tiempo, deberían impulsar en el Congreso de la República proyectos de desarrollo que promuevan en la frontera empleo, que fomenten la agricultura, la pecuaria, vivienda, agua potable, educación, salud y seguridad ciudadana.

De todo lo denunciado por los senadores y diputados que representan provincias de la zona fronteriza, quizás lo más dramático o doloroso ha sido definir a ese territorio como tierra de nadie.