Este domingo el país consumará elecciones insólitas. El Organismo arbitral, que debe cumplir las leyes, ha determinado, mediante resolución, un escrutinio violatorio de la Ley electoral que, pese a lo obsoleta que esté, y con las mutilaciones que le proporcionó la penúltima reforma constitucional, continúa vigente.

Se ha pretendido confundir la ciudadanía propalando que quienes sustentamos esta tesis nos oponemos al avance tecnológico del conteo electrónico. Nada más falso. Es cierto que la Ley no prohíbe que los votos sean contados de forma electrónica, pero aplicar ese procedimiento no puede hacerse irrespetando el artículo 127 de la misma en cuanto a la manera de proceder al extraer las papeletas de las urnas.
En su parte final, dicho artículo dice: “…el secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes”.

Podrá alegarse lo que se quiera respecto al artículo, -que no obliga al conteo manual, que no impide el conteo electrónico, entre otras afirmaciones-, lo que no puede negarse, de actuarse con honestidad, es que establece la obligación de mostrar las boletas a los miembros del colegio, tanto para el tramo presidencial, como el congresual y municipal.

En consecuencia, al imponerse el conteo electrónico solo para nivel presidencial, donde las boletas serán desdobladas, puestas «boca abajo» y colocadas en la máquina sin mostrarlas a los delegados, constituye una violación del texto y, sobretodo, de su espíritu, que no es otro que los delegados puedan verificar la regularidad de las boletas (sello, firmas…) y la asignación del voto de cada una para que, en caso de tener discrepancias, puedan ejercer las impugnaciones correspondientes, las cuales, como se sabe, deben ser llevadas a cabo en las propias mesas. ¿Quién puede impugnar algo que no ha podido constatar con sus sentidos?.

No tiene ninguna utilidad detenerse ahora en la atribución de responsabilidades individuales. De quererse encontrar culpables, todos los caminos conducirían a la propia JCE y, de manera particular, a su Consultoría Jurídica.

Esa, como todas las instituciones, debe realizar análisis de legalidad de las resoluciones que emita. ¿Acaso puede justificarse la violación a una ley porque alguien no se percatara de dicha vulneración? ¿Cuáles razones imperceptibles a simple vista se escudan detrás de la incomprensión, o mejor, de la sin razón, ante algo tan elemental?