Lima. EFE.- La mancha del trabajo infantil, presente en toda América Latina, se expandió aún más como consecuencia del empobrecimiento y el deterioro económico social causado por la pandemia.

Hoy en día es una de las violaciones a los derechos humanos más amenazadoras para el futuro de la región, especialmente por el menoscabo en la educación de los menores, según una investigación hecha por EFE con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil.

El confinamiento redujo los ingresos de muchos hogares. El hambre y las múltiples necesidades empujaron a millones de familias a salir a la calle, en muchos casos acompañadas de menores obligados a trabajar para suplir las carencias de bienes básicos.

“La pandemia ha afectado mucho a las familias. En 2021 hubo un incremento significativo de niños y niñas que entraron a trabajar”, explica a EFE la directora del área de calidad impacto de programas de la ONG Save the Children en Perú, Nelly Claux.

Esa situación de pobreza “hace que desde muy temprana edad los niños participen de la búsqueda de recursos”, agrega.

En Perú, donde es legal trabajar a partir de los catorce años en condiciones dignas, “una cuarta parte de la población infantil y de los adolescentes trabajan”, aunque no siempre sea “en las peores formas de trabajo”. La mayoría estudia y trabaja a la vez, pero hay un 5 % que se dedica exclusivamente a laborar.

En esas circunstancias, es habitual “la acumulación de dinero por terceras personas que emplean niños”, señala Nelly Claux, quien denuncia que es muy frecuente encontrar a menores trabajando en la minería ilegal, una de las actividades laborales más peligrosas, o “niñas que desde temprana edad realizan labores domésticas en casas de terceros donde muchas veces son explotadas”.