A República Dominicana le asiste derecho y deber de preservar, defender, aprovechar y compartir los recursos hídricos que se entrecruzan en la frontera con Haití, prerrogativa y obligación amparadas en el acuerdo sobre buena vecindad firmado entre ambos países en 1929.
La construcción unilateral de un canal de riego sobre el rio Masacre para desviar caudales hacia Haití se erigió en flagrante violación a ese tratado y, por supuesto, en injustificada e inaceptable provocación contra el fuero soberano de la nación.
Ese desvió de agua comenzó a levantarse en 2020 y la obra de toma a inicios de 2024, aun cuando en represalia, el gobierno dominicano ordenó la militarización y cierre de la frontera, cese de exportaciones a Haití y la suspensión de visados a nacionales de ese país.
El gobierno del dimitente primer ministro Ariel Henry, que en principio se desligó de la construcción de ese proyecto para luego reivindicarlo, nunca dio respaldo o aquiescencia a la resolución del conflicto por la vía diplomática y en los términos que prevé el acuerdo de 1929.
Cuando la anarquía política e institucional, violencia, criminalidad e inseguridad alimentaria alcanzan su más elevado punto de recrudecimiento, Haití abrió las compuertas de ese canal ilegal que provocó el cese del caudal de agua desde el lugar de toma hacia zonas de cultivo del lado dominicano en Dajabon.
Como respuesta a esa temeridad, el Gobierno puso en funcionamiento el canal La Vigía, que desvía aguas arriba del cruce de ese río, con lo cual inhabilita el canal haitiano y se reanuda una litis cuya solución debería alcanzarse por vías diplomáticas y no con represa unilateral del río y sus afluentes.
Han fracasado las presiones ejercidas por casi todas las agencias de Naciones Unidas (ONU), para que República Dominicana se convierta en epicentro de la solución a la crisis haitiana con la instalación aquí de centros de refugio y flexibilización del flujo migratorio.
En todos los casos la negativa ha sido firme.
Instigar la reanudación del conflicto entre vecinos por el desvío ilegal del río Masacre representa otro intento foráneo por involucrar al gentilicio dominicano en el drama haitiano, esta vez mediante una confrontación intrafronteriza que pueda justificar a la comunidad internacional surcar un deseado canal de desagüe que drene hacia República Dominicana la crisis que conmociona a Haití.
