Con la entrega ayer al Consejo Económico y Social (CES) de la propuesta de Pacto Nacional por el Agua 2021-2036, el presidente Luis Abinader acomete lo que sería una de las más trascendentes iniciativas de su gobierno, al promover una tarea compartida entre los sectores público y privado para garantizar acceso, sostenibilidad, uso y gestión de los recursos hídricos.
En Gobierno se plantea una inversión de US$8,500 millones durante el periodo de 15 años de vigencia, a razón de 567 millones de dólares anuales. Una parte de esos recursos habrían sido identificados y la otra se obtendría mediante préstamos, según afirmó el mandatario.
El agua es un recurso natural, económico y una fuente de derecho que tiene efecto transversal sobre la economía al impactar de manera determinante sobre la salud, agropecuaria, industria, turismo, energía, transporte, comercio, exportaciones y la vida cotidiana.
Como lo ha señalado el Presidente, se requiere establecer una política de Estado relacionada con la problemática del agua, a fin de garantizar un suministro universal, seguro y sostenible para el futuro, lo que no se lograría sin un acuerdo nacional que comprometa a los actores nacionales a gestionar la sostenibilidad de los recursos hídricos.
El ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, ha advertido que no sería posible gestionar adecuadamente el recurso agua con 18 instituciones que intervienen en el sector, a pesar de lo cual los recursos hídricos están afectados de escasez, contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos y de impactos de variación climática.
El pacto propuesto reivindica un derecho consagrado en la Constitución que establece que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, a pesar de lo cual, hoy resulta escaso, costoso y de mala calidad.
Cuatro gestiones de gobierno, incluida la actual, tienen la misión de asumir el Pacto por el Agua, con la inversión propuesta como compromiso de garantizar a futuras generaciones que el país dispondrá de suficiente agua para consumo humano, riego agrícola y pecuario, uso industrial, turismo, salubridad y sostenibilidad medioambiental.
Los liderazgos político y empresarial, la academia, iglesias y la sociedad civil están compelidos a ofrecer pleno respaldo a la propuesta de un Pacto Nacional por el Agua, con un sano ejercicio dialogante que permita incorporar aportes innovadores que coadyuven al propósito de garantizar por siempre el uso, manejo y sostenibilidad de ese bien esencial e imprescindible sin el cual la vida no vale nada.
