Tres de los cinco miembros de la Junta Central Electoral (JCE) han solicitado al presidente de esa institución, Roberto Rosario Márquez, que convoque al pleno para buscar una solución a la crisis de más de cuatro meses en el centro de cómputos.

Los miembros del tribunal electoral que han solicitado una reunión extraordinaria para discutir la crisis son Eddy Olivares, Rosario Graciano y Francisco Féliz Féliz.

El miembro José Ángel Aquino continúa defendiendo la propuesta del presidente Rosario Márquez al alegar que en la JCE no existe ninguna dificultad y debe continuar en el cargo el director de Informática, Franklin Frías y confirmar la renuncia del administrador de Informática, Miguel Angel García.

En las últimas horas mediante comunicación a la presidencia del tribunal los miembros Féliz Féliz y Graciano de los Santos solicitaron una sesión extraordinaria para discutir la propuesta de creación de la Gerencia de Informática en la JJCE.

Olivares desde el mes de octubre del pasado año viene demandando una solución al conflicto.

En medio del impasse el el docor Rosario Márquez advirtió que la Junta Central Electoral no aceptará que ningún sector le imponga medidas que sus miembros no estén de acuerdo.

Durante la mañana de hoy el personal de prensa del Partido Revolucionario Dominicano desconocía cuándo se hará pública el resultado de una reunión que sostuvo el ingeniero Miguel Vargas con el presidente Leonel Fernández para buscar una solución al conflicto.

Mientras monseñor Agrípino Núñez Collado prometió que en las próximas horas volverá a reanudar el diálogo con los secretarios generales de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Domincano (PRD) con la finalidad de llegar a un acuerdo.

También se informó que los obispos a través de la Carta Pastoral fijarán la posición de la Iglesia católica el próximo miércoles pidiendo una solución al conflicto en el centro de cómputos del tribunal electoral.

Un apunte

La crisis en la JCE

La crisis en el centro de cómputo de la Junta Central Electoral, comenzó el 26 de septiembre del pasado año y a pesar de que la sociedad civil y los partidos políticos han demandado una solución el pleno de la JCE no se ha reunido para discutir la problemática