Ciudad de México.– Guadalupe Urban, representante ciudadana del municipio de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca, fue asesinada la mañana de este jueves cuando salía de su vivienda.
Según medios locales, la integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue atacada a tiros por dos hombres que viajaban en motocicleta, justo cuando se disponía a abandonar su domicilio.
El cuerpo quedó tendido sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán, en Cacahuatepec.
La Fiscalía estatal informó que personal especializado acudió al lugar para realizar las diligencias periciales y las primeras indagatorias con el fin de esclarecer el crimen.
Urban se desempeñaba como representante municipal de Parques y Jardines y formaba parte de la administración local para el periodo 2025-2027.
El Ayuntamiento expresó su consternación por el asesinato y exigió justicia. “Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto no debe quedar impune”, publicó en redes sociales. Por su parte, el PVEM lamentó “el fallecimiento de nuestra amiga y compañera”.
Quizas te interese; Innovación y diagnóstico temprano: claves para la salud pulmonar en América Latina
Este hecho se suma al asesinato de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, perpetrado tres días antes en San Marcos Zacatepec, también en Oaxaca.Asimismo, ocurre tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre luego de un evento público por el Día de Muertos, hecho que ha generado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías en esa entidad.
De acuerdo con registros estatales, desde el 1 de octubre —fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México— y hasta el 3 de noviembre, al menos diez alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.
El crimen de Guadalupe Urban vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios locales, especialmente en estados con una alta incidencia de violencia.
Organizaciones civiles y líderes comunitarios han condenado los hechos y han insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para los representantes municipales, quienes a menudo son vulnerables a amenazas relacionadas con disputas políticas o crimen organizado.
La comunidad de San Juan Cacahuatepec ha expresado su indignación y llamó a exigir que el caso no quede en la impunidad.
