En la República Dominicana atravesamos un momento delicado en el que muchos jueces, lamentablemente, se muestran inseguros al aplicar la ley.

El temor al cuestionamiento público y la presión mediática han provocado que algunos magistrados titubeen a la hora de tomar decisiones que favorezcan a los imputados, aun cuando la Constitución y el Código Procesal Penal así lo ordenen.

Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, surge una figura que demuestra que todavía existen jueces con el valor, la gallardía y la verdadera vocación de justicia: el magistrado José Manuel Arias, juez de la Ejecución de la Pena de Baní.

Un juez que aplica la ley sin miedo.

El juez Arias se ha distinguido por ejercer su función con rectitud y apego a los principios constitucionales, especialmente en materia de reinserción social.

En un país donde predomina la visión punitiva y carcelaria, él ha demostrado que la justicia también es humanidad, que la pena privativa de libertad no puede ser un simple castigo, sino una oportunidad de resarcimiento humano.

Su labor ha permitido que internos que han cumplido la mitad de su condena, o que califican para regímenes de medio libre, laboral o de estudios, accedan a estas medidas, no como un privilegio, sino como un derecho legítimo reconocido por nuestra legislación.

Esa visión coloca al magistrado Arias entre los pocos jueces que comprenden que la justicia no se limita a encerrar, sino que debe abrir puertas a la esperanza y la reintegración.

El más reciente ejemplo que ha generado críticas injustas contra este juez fue la decisión de otorgar un medio libre laboral a José Eduardo Lebrón Ciprián (alias Chucky), implicado en el atentado contra David Ortiz.

Lo cierto es que este joven había llegado previamente a un acuerdo con el Ministerio Público y, además, ya había cumplido más de la mitad de su condena.