Como he explicado en mis dos anteriores entregas, la Novena Sala Penal del DN era competente para decidir la acción de amparo elevada por Geanilda Vásquez en razón de la afinidad existente entre la atribución de la jurisdicción represiva con las garantías del debido proceso cuya transgresión se invocó.

Pero aún no fuese así, es indudable que al declarar la incompetencia de atribución de la indicada sala, el TC pulverizó el principio de accesibilidad que rige la justicia constitucional en virtud del art. 7.1 de la Ley No. 137-11. Las violaciones que el amparo, el habeas corpus y el habeas data están llamados a prevenir o restituir, prevalecen sobre cualquier formalismo que limite la administración de la justicia constitucional.

La especialidad de la competencia del juez debe cederle el paso a la celeridad propia de los procesos constitucionales, motivo por el que la valoración de las reglas de competencia debe responder a criterios flexibles antes de rígidos. En su obra “Juicio de Amparo y Acción en Inconstitucionalidad”, Alí Joaquín Salgado y Alejandro César Verdaguer expresan que “En caso de duda, el juez debe conocer la causa y no declararse incompetente, lo cual constituye una inteligente pauta para evitar que un excesivo celo en la delimitación de la competencia por materia y la consiguiente demora en la tramitación de la causa, termine por frustrar el amparo”.

Referirse a la supuesta autoridad usurpada, agravio que le formuló el PRD al repetido tribunal en su recurso de revisión constitucional, es del todo innecesario. Es una tesis para morirse de risa. Y es que la tipicidad objetiva de este tipo penal supone la comisión de un acto sin tener un titulo o nombramiento válido que lo faculte. Si el asunto se reduce a disponer o ejecutar un acto legítimo cuyo vicio consiste únicamente en que la potestad le pertenece a otro, no hay usurpación ni abuso en el hecho, sino incompetencia del órgano funcional.