En su discurso ayer ante la 78 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Abinader presentó el amplio fardo de evidencias sobre la ilegalidad y perjuicios que conlleva la construcción de un canal de trasvase en territorio haitiano para extraer agua del río Masacre en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos.

El jefe de Estado denunció ante ese foro que esa obra, que se levanta en un pequeño tramo de sólo dos kilómetros del río, constituye una maniobra de control del agua por parte de una reducida elite económico- política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona.

También advirtió que ese canal pondría en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, además de colocar en peligro de inundación al parque industrial Codevi, ubicado a 300 metros aguas abajo, que emplea 19 mil trabajadores, además de causar daños ecológicos al humedal de la laguna Saladillo.

La comparecencia presidencial puso énfasis en ilustrar a la comunidad de naciones sobre las razones que motivaron al gobierno dominicano cerrar la frontera en repuesta a la reanudación de la ilegal construcción del canal de desvío del río Masacre, que recorre 53 kilómetros de sus 55 de longitud en el lado dominicano.

Al invitar a sus colegas a observar la isla Hispaniola desde el espacio a través de una aplicación de celular, el mandatario resaltó que se percibe “una diferencia palpable y desgarradora”, con territorio verde y floreciente que corresponde a República Dominicana y la otra parte, desprovisto de cubierta forestal, a Haití.

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Es en ese punto cuando el presidente Abinader reiteró que Haití, hoy no sólo sufre una tragedia medioambiental, sino también «una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región”, que la comunidad internacional debe asumir como un tema de “altísima prioridad y de permanente seguimiento.”

Queda claro, como lo expuso el Presidente que “la idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales”, lo que ha sido definido como un ilícito internacional perpetrado por particulares.