POR RAFAEL TOMAS JAIME
El Nacional
El proceso de cedulación que desarrolla la Junta Central Electoral, por disposición de la Cámara Administrativa, que dirige el doctor Roberto Rosario, afectará el caudal de votos de los partidos opositores para las elecciones congresuales y municipales del 2010.

Los partidos de oposición, fundamentalmente los mayoritarios, no han analizado a profundidad el tema, incluso por sus jerarquías directivas, que no están debidamente enteradas de la situación, pero que ha generado profunda preocupación en los dirigentes medios y de base.

Por disposición de la referida Cámara, para obtener la nueva cédula los ciudadanos son obligados a buscar ante las Oficialías del Estado Civil o ante la Junta Electoral del Distrito Nacional un acta de nacimiento, para hacer constar números de ésta, libro y folio.

También diligenciar en la Cruz Roja Dominicana y sus dependencias provinciales el examen de tipificación de sangre.

Todo esto como parte de los datos biométricos de cada persona o elector.

La captura de datos biométricos es una disposición en el fondo sana para modernizar el sistema y poder identificar con facilidad a las personas, como en los casos de falsificaciones de documentos o identidades.

También en casos de asesinatos, crímenes, desapariciones y situaciones catastróficas ocurridas a ciudadanos. Esta identificación se obtendría al tomar una prueba de sangre a cadáveres o la toma de huellas dactilares a restos humanos.

Sin embargo, el ciudadano al estar obligado a dotarse de un acta de nacimiento nueva y de una certificación de tipificación sanguínea debe incurrir en gastos económicos que en la mayoría de los casos escapan de sus posibilidades personales.

En las Oficialías obtener el acta de nacimiento cuesta 100 pesos, pero si en la cédula actual hay impresos errores de nombres, apellidos, direcciones y fechas de nacimiento, implicaría gastos mayores y graves dificultades.

A esto se agrega el transporte, cuyo valor depende de la distancia donde resida el ciudadano de la Oficialía del Estado Civil más cercana o la Junta del Distrito donde se le diligenciará una certificación del documento in extenso o una copia del original.

La misma situación, pero con menor gravedad, debe cumplirse para la tipificación sanguínea, pues el ciudadano debe trasladarse a una dependencia de la Cruz Roja para obtenerla.

Muchos se preguntarán ¿y qué tiene esto de malo?. Mucho bajo la óptica política.

El 90 por ciento de los empleados públicos, que son dirigentes, militantes o activistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de los partidos aliados, así como los simpatizantes y allegados, no tendrán la dificultad que sí tendrían los de partidos de oposición.

Por estar en la dirección del Estado, en el Gobierno, el PLD y los aliados cuentan con más facilidad económica y recursos para que sus dirigentes, activistas y simpatizantes puedan lograr el acta de nacimiento y el examen de tipificación sanguínea.

Pero los partidos de oposición enfrentan la triste realidad de tener un gran número de dirigentes, militantes, activistas y simpatizantes desempleados y con precarios ingresos económicos, es decir en condiciones de subsistencia, que difícilmente puedan cumplir con las exigencias de la Cámara Administrativa de la JCE.

Ninguno de los partidos de oposición podrá económicamente resolverle la situación descrita a la mayoría de sus activistas y simpatizantes, por la voluminosa suma que esto significará.

¿Qué resultará de esta situación? Un desencanto de los ciudadanos a incurrir en gastos económicos y pérdida de tiempo para obtener los nuevos datos y documentos, sin los cuales no podrá votar en las elecciones de 2010, situación que podría continuar para el 2012.

De esos ciudadanos, un alto porcentaje serían de preferencia opositora, por lo cual se estaría forzando a un gran número de electores a la abstención.

Y en todo caso, ¿a qué partido o partidos favorecería la abstención del voto por los ciudadanos?.

La historia electoral en todos los países ha dejado sentado que la abstención siempre beneficia a la organización que dirige el Estado.

Una pregunta que merece una adecuada respuesta es ¿Por qué obligar a los electores a procurar un acta de nacimiento nueva, si en las Oficialías están registrados los datos personales y de identidad de éstos?

Además, ¿por qué exigir un pago por ese documento?.

La preocupación de los dirigentes medios y de base de los partidos de oposición puede quedar resuelta en la medida que las jerarquías de esas organizaciones aúnen esfuerzos para reclamar a la Junta Central Electoral que disponga de facilidades para obtener los referidos documentos en las Oficialías del Estado Civil.

Para esto las Oficialías deben recibir las instrucciones para que se continúe con la emisión gratis de ese documento para fines de cédulas, como ocurría anteriormente.

Y finalmente, que en cada Oficialía se instale un personal de la Secretaría de Salud Pública para que a cada elector se le realice los exámenes de tipificación sanguínea.

De tomarse esas medidas, los partidos de oposición serían menos perjudicados, la JCE garantizaría un mayor caudal de votos en las próximas elecciones y los resultados electorales serían convincentes.