El Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin), advirtió que la introducción de elementos de condicionalidad cruzada en los programas de asistencia a los países más pobres, pone en riesgo la inversión pública y social, generando un peligro de falta de gobernabilidad en los mismos.

Los ministros, quienes se reunieron en Río Hato, Panamá, analizaron la crisis económica que afecta la región, destacando en particular la necesidad de implementar políticas contracíclicas, lo cual requiere un apoyo presupuestario directo por parte de las instituciones financieras internacionales.

La Declaración de Panamá está firmada por los ministros Carlos Enrique Cáceres Chávez, de El Salvador; Juan Alberto Fuentes, de Guatemala; Jenny Phillips Aguilar, de Costa Rica; Rebeca Patricia Santos, de Honduras; Alberto Guevara, de Nicaragua; Alberto Vallarino Clement, de Panamá y Vicente Bengoa, de la República Dominicana.

En su declaración, expresaron su preocupación por la introducción de elementos de condicionalidad cruzada en los programas de asistencia a los países.

Llamaron la atención a que la condicionalidad cruzada está conduciendo a una restricción en el acceso al financiamiento, poniendo en riesgo la inversión pública y el gasto social, amenazando la propia gobernabilidad de los países miembros.

Los ministros reiteraron que los países han estado haciendo diversos esfuerzos en materia fiscal, incluyendo medidas para disminuir la evasión y la inequidad, y para fortalecer los ingresos tributarios de los Gobiernos.

Externaron su voluntad de entrar en negociaciones en materia de tributación internacional, con el fin de facilitar el intercambio de información y la suscripción de convenios para evitar la doble tributación. Sin embargo, expresaron su preocupación por una actuación precipitada de parte de algunos sectores de la comunidad internacional, que puedan conducir a estigmatizar a países de la región como paraísos fiscales. Consideraron que una decisión en ese sentido sería catastrófica para las economías de la región e instaron a mantener un diálogo con representación global y equitativa para establecer reglas claras sobre esta materia.