La negativa del presidente Luis Abinader a permitir la entrada de arroz libre de impuestos desde Estados Unidos es un pleito perdido, pues el país está obligado a cumplir con lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio entre los estadounidenses y los países centroamericanos, so pena de afrontar sanciones, advirtió esta mañana el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández.
Advirtió que si el Gobierno no cumple los principios del DR-CAFTA se expone a que Estados Unidos apele a los tribunales arbitrales internacionales que le impondrían sanciones al país, o a que tome medidas recíprocas e impida la entrada a su territorio de importantes productos dominicanos como la azúcar y aguacates.
Lamentó que por irresponsabilidad de la clase política gobernante República Dominicana no se haya preparado técnicamente para competir con los productos provenientes de los países que forman parte del convenio.
Las declaraciones de Surún Hernández se producen en respuesta a lo dicho ayer en la provincia La Altagracia por el presidente Abinader, quien advirtió que defenderá la producción nacional de arroz y no permitirá una apertura del mercado dominicano a este producto.
Dijo que el arroz está subsidiado en Estados Unidos.
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“Es un pleito perdido totalmente, pero mira qué sucede, que es algo mucho peor, lo grave del caso es que nosotros como país, la clase política, ha actuado con grotesca irresponsabilidad en el caso del DR-CAFTA porque no nos preparamos esos 18 años que transcurrieron desde el momento en que se suscribió el acuerdo, se nos dieron precisamente con varias extensiones, para que nosotros modernizáramos, en este caso, el sector arrocero, para competir de igual a igual con productos de Estados Unidos. En lugar de eso lo que hicimos fue echarnos a dormir como si el tiempo no pasara y hoy estamos mucho peor que lo que estábamos en el 2002”, sostuvo.
Surún Hernández dijo que el país no se preparó para la entrada en vigencia del DR-CAFTA en subconjunto como se había comprometido al firmar el acuerdo con Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el Salvador.
Destacó que, según el acuerdo, luego de concluido los productos de Estados Unidos tendrían libre acceso al mercado dominicano y los locales al mercado estadounidense “para la competencia de igual a igual”.
Dijo que los productos dominicanos también tienen que afrontar los controles fitosanitarios y de calidad.
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana afirmó que “nosotros como tomamos las cosas demasiado informal decimos yo voy a incumplir ese acuerdo, hermano el Congreso de nosotros lo ratificó, el congreso de ellos lo ratificó, nosotros hemos estado en ejecución de ese acuerdo”.
Abinader reiteró ayer que, como expresó en su discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, no permitirá que se abra el mercado en la parte arrocera y que sobre todo protegerá la producción nacional del cereal.
“Que esto esté claro, que vamos a proteger la producción nacional y más en estos momentos donde cada país tiene que garantizar la seguridad alimentaria”, enfatizó el mandatario.
El acuerdo
El 5 de agosto de 2004 la entonces secretaria de Estado de Industria y Comercio de República Dominicana, Sonia Guzmán, finalizando la gestión del expresidente Hipólito Mejía, firmó el acuerdo.
El tratado dispone que los Estados están obligados a garantizar la transparencia en las oficinas aduaneras, no poniendo obstáculo técnico alguno para el libre paso de mercancías.
Exige que los procedimientos aduaneros sean simples y rápidos, retirando la capacidad al Estado de realizar inspecciones. Se dispone que toda la información acerca de las mercancías registradas en las aduanas goza de carácter confidencial, lo cual restringe herramientas de investigación criminal y comercial.
